Úrsula Bahillo fue asesinada por su ex novio, el policía Matías Ezequiel Martínez, en la ciudad de Rojas el 8 de febrero. A Úrsula la mataron después de haber realizado múltiples denuncias por violencia que no alcanzaron para que el Estado la cuidara. Pidió ayuda, pidió protección y no alcanzó para preservar su vida.
Una secuencia de irresponsabilidades de quienes debieron actuar con celeridad: desde el Poder Judicial, Comisarías, Juzgado de Paz, dejaron indefensa a esta joven de 18 años. ¿Hasta cuándo va a reinar la impunidad, la desidia, la falta de compromiso, de perspectiva de género?
Cuando exigimos que el Estado actúe y dé respuestas a cada denuncia por violencia por razones de género estamos exigiendo, además de la legislación, el presupuesto necesario, la formación y capacitación, que cada empleadx judicial o policial actúe con celeridad, creyendo en lo que se denuncia y midiendo los riesgos a los que se expone la potencial víctima.
Exigimos que haya conocimiento pleno de la legislación, de los procedimientos, que haya compromiso en la acción con la problemática.
Exigimos que cada Municipio cuente con los equipos necesarios para asistir, acompañar y asesorar a todas las mujeres y/o diversidades sexuales para que puedan vivir la vida libre de violencias.
La ESI, la Ley Micaela, las diferentes políticas públicas nacionales y provinciales son parte de las redes y entramados solidarios que protegen a cada niña, a cada mujer. Sin el compromiso social de quienes forman parte de las diferentes instancias del Estado, nunca va a alcanzar. Hoy sentimos la muerte evitable de Úrsula como un nuevo nudo en el pecho, un dolor irreparable.
Necesitamos que las fuerzas de seguridad dejen de encubrir violentos. Matías Martínez no es una excepción, son recurrentes los femicidios en manos de integrantes las fuerzas de seguridad. Es esa misma Policía, que no actuó a tiempo, la que baleó a una amiga de Úrsula cuando fue a pedir justicia, la que reprimió con saña a adolescentes y jóvenes de la localidad de Rojas que reaccionaron ante la injusticia. Adolescentes y jóvenes que sabían lo que sucedía, que se identifican con Úrsula y su familia.
Todas las instancias estatales locales estuvieron ausentes, desoyendo reclamos y denuncias antes del horror desatado en la cuidad de Rojas, y cuando la comunidad salió a las calles a exigir justicia, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue una vez más la violencia salvaje, descontrolada, la represión y la violación de derechos.
Una vez más, el ejercicio de la violencia institucional desplegada contra lxs jóvenes es la única y lamentable repuesta de la Policía bonaerense. Violencia institucional histórica y estructural instalada en grandes sectores de las fuerzas de seguridad, cuyo fin debiera ser garantizar una convivencia pacífica y segura a las comunidades y cuidar a nuestrxs jóvenes.
Sabemos de la presencia e intervención inmediata del Gobierno Provincial a través del Ministerio de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y de la Subsecretaría de DDHH; aunque ya nada va a devolverle la vida a Úrsula ni a quitarles el dolor a su familia y afectos.
Por eso, es necesario que de inmediato se identifiquen a quienes fueron irresponsables en su trabajo y se tomen las medidas correspondientes para que podamos avanzar en el imprescindible, urgente y vital cambio cultural en el funcionamiento de los diferentes ámbitos del Estado.
No puede haber más fuerzas policiales ni Poder Judicial sin perspectiva de género.
¡VIVAS NOS QUEREMOS!
¡BASTA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL, A LXS PIBXS SE LXS CUIDA!
