Dichas denuncias fueron producto de un trabajo conjunto de recopilación de documentación entre las tres Centrales sindicales (CTA De Los trabajadores, CTA Autónoma y CGT), Abogados Laboralistas y Jueces Laboralistas, nucleados por el CELS.
En representación de la CTA de los Trabajadores, el Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, denunció los ataques que sufren lxs Trabajadorxs desde la asunción del gobierno encabezado por Mauricio Macri.
Frente a este contexto en que el Gobierno acciona en contra de lxs Trabajadorxs, Baradel denunció: "Los despidos injustificados de referentes y activistas, la estigmatización pública de los dirigentes sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho de huelga y de protesta son cuestiones que se repiten en cada rincón de nuestro país. Varios dirigentes han sido involucrados en procesos penales con el único objeto de intimidar y neutralizar al activismo sindical, con medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas y la de ingresar a edificios estatales, como la Legislatura e incluso las Escuelas donde trabajan nuestros representados".
El dirigente destacó la presencia de Sindicatos y Organismos de DDHH en apoyo a la denuncia presentada: "Con un grado muy importante de cinismo, el Gobierno negó cercenar Derechos laborales, la represión a los Docentes frente al Congreso y a lxs Trabajadorxs de Pepsico. Hoy estamos presentes las Organizaciones Sociales, la Justicia laboral, los abogados laboralistas, destacando la presencia de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y de todos aquellos que nos preocupamos por defender la plena vigencia de los Derechos Laborales y Sociales. Mientras que por parte del Gobierno hay una actitud totalmente ofensiva".
A su vez, Baradel señaló respecto a la Educación: "En el marco del conflicto salarial docente de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y Provincial denegaron el derecho de negociación colectiva a nivel nacional y desplegaron una fuertísima campaña de estigmatización de la lucha docente y sus dirigentes, que intentó operar como disciplinador del espectro de Trabajadores en su conjunto. Incluso, como Secretario General del sindicato fui amenazado, junto a mi familia".
Otro elemento preocupante es la creciente presencia de las fuerzas policiales en la gestión de los conflictos laborales, por lo que el Secretario General sostuvo: "En el caso de los Trabajadores Estatales, en muchas ocasiones fueron las propias fuerzas las que, en las puertas de los Ministerios, comunicaban los despidos e impedían el ingreso de los Trabajadores. Asimismo, durante el conflicto docente, la policía se presentó en las Escuelas para certificar quiénes adherían al paro, mientras que en otras ocasiones se desplegaron grandes números de efectivos para custodiar y, muchas veces, reprimir a los Trabajadores en conflicto".
Por otra parte, Baradel también expresó: "Que el sindicato provincial docente de Tierra del Fuego (SUTEF) se enfrenta a un proceso de persecución que involucra a las fuerzas policiales, el poder judicial y el ejecutivo de la provincia. En el marco de una protesta sindical en 2013 las fuerzas policiales reprimieron ferozmente y un grupo de trabajadores fue imputado penalmente. Tras dos años de un proceso irregular varios docentes fueron condenados por atentado a la autoridad y lesiones leves. Tras las condenas, la gobernadora dispuso la exoneración de 17 delegados sindicales, apartándose de la sanción recomendada por el sumario administrativo: que era apenas una suspensión".
Por último, Baradel cerró su exposición en la audiencia: "Por todo lo expresado, venimos a hacer esta denuncia, que la lleva adelante el CELS y que agrupó a una serie de Sindicatos por los ataques que hemos sufrido. El Gobierno dice que hubo negociación, pero ocultan que quisieron poner voluntarios, que hicieron una cacería con la quita de personería gremial y que negó protección cuando amenazaron de muerte a mi familia. Claramente, el Gobierno pretende disciplinar a la Clase Trabajadora. Con nuestro reclamo, también estamos exigiendo la libertad de Milagro Sala y justicia y verdad por Santiago Maldonado".
La audiencia contó con la importante presencia de la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se pronunció en "repudio a la represión a la protesta social y a la persecución a nuestros líderes sindicales". Asimismo estuvieron presentes Patricia Romero Diaz, Secretaria de DDHH del SUTEBA y María Reigada, Secretaria de DDHH de la CTA Pcia. de Buenos Aires.
Cabe destacar que, además de Baradel, tomaron la palabra, en representación de la Sociedad Civil Diego Morales (CELS), Matías Cremonte (AAL), ANJUT, Hugo Blasco (CTA Autónoma), Álvaro Ruiz (CGT), Gustavo Ciampa (Corriente Abogados 7 de Julio) y Carla Gaudensi (SiPreBA).
LA PERSECUCIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LOS TRABAJADORES
Los despidos injustificados de referentes y activistas, la estigmatización pública de los dirigentes sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho de huelga y de protesta, son cuestiones que se repiten en cada rincón de nuestro país.
En el caso de los trabajadores estatales, el Estado nacional estigmatizó a nuestros compañeros calificándolos como "ñoquis" (lo que en la argentina equivale a decir vagos, que trabajan solo un día al mes). Violando el derecho a la estabilidad, a un salario digno, a la libre agremiación y con una clara impronta de persecución ideológica, los trabajadores estatales sufrimos más de 20.000 desvinculaciones los primeros meses del nuevo gobierno.
Por otra parte, el sindicato provincial docente de Tierra del Fuego (SUTEF) se enfrenta a un proceso de persecución que involucra a las fuerzas policiales, el poder judicial y el ejecutivo de la provincia.
En el marco de una protesta sindical en 2013 las fuerzas policiales reprimieron ferozmente y un grupo de trabajadores fue imputado penalmente. Tras dos años de un proceso irregular varios docentes fueron condenados por atentado a la autoridad y lesiones leves. Tras las condenas, la gobernadora dispuso la exoneración de 17 delegados sindicales, apartándose de la sanción recomendada por el sumario administrativo: que era apenas una suspensión.
Asimismo, varios dirigentes han sido involucrados en procesos penales con el único objeto de intimidar y neutralizar al activismo sindical, con medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas y la de ingresar a edificios estatales, como la legislatura e incluso las escuelas donde trabajan nuestros representados.
A su vez, un caso especialmente grave es el del delegado de la central nuclear estatal Atucha, Damián Straschenco, que fue envenenado en mayo de este año, cuando en su botella de agua personal se verificó la presencia de material radioactivo.
En lugar de aportar a investigar seriamente los hechos, la empresa estatal despidió al delegado por un antiguo sumario de dudosa legitimidad y le solicitó al juez que recaratulara la causa como "sabotaje". De esta forma Straschenco y sus compañeros quedaron imputados y hoy están siendo indagados en el juzgado federal. Todo esto en un contexto de crecientes despidos en la industria de la energía, con más de mil despidos en las centrales de Atucha durante 2017.
Por su parte, la próxima semana un grupo de delegados del periódico Perfil enfrentará un juicio oral por el ejercicio de su derecho de huelga. Se les acusa de cometer un delito contra la libertad de prensa por impedir la circulación del periódico, en el marco de un conflicto laboral. Una eventual sentencia condenatoria implicaría un golpe de muerte para los derechos de los trabajadores de medios periodísticos, a quienes les quedaría vedada la huelga.
Un proceso muy similar se sigue en contra de un grupo de delegados del Diario Uno de Mendoza, cesados y criminalizados por encabezar una protesta en 2013, en reclamo de compañeros despedidos.
También, en mayo de este año el Secretario General y el Adjunto del sindicato estatal de la Provincia de Río Negro (ATE), fueron detenidos por el ejercicio del derecho a la protesta, días después de una manifestación pública, e imputados por el delito de coacción agravada. En el caso del secretario general, esta es la tercera detención e imputación en menos de dos años por hechos similares.
También, la imposición de multas mediante la justicia contravenciona, por el legítimo ejercicio del derecho de huelga en los subterráneos de la ciudad de buenos aires, es expresión del clima de persecución sindical que se vive en la Argentina.
Asimismo, en el marco del conflicto salarial docente de la provincia de Buenos Aires, los gobiernos nacional y provincial denegaron el derecho de negociación colectiva a nivel nacional y desplegaron una fuertísima campaña de estigmatización de la lucha docente y sus dirigentes, que intentó operar como disciplinador del espectro de trabajadores en su conjunto. Incluso, como secretario general del sindicato fui amenazado, junto a mi familia.
Este proceso de estigmatización incluyó también episodios de represión policial, como el ocurrido frente al Congreso de la Nación mientras la central sindical docente CTERA instalaba la "Escuela Pública Itinerante". De noche, los docentes fueron reprimidos violentamente por un operativo conjunto de la policía federal y de la ciudad de buenos aires.
Lo propio ocurrió cuando las trabajadoras y trabajadores de Pepsico, que se encontraban ocupando pacíficamente la fábrica ante el cierre intempestivo de la planta y el despido del personal, fueron desalojados violentamente por un operativo conjunto de la policía bonaerense y la Gendarmería Nacional, con más de 500 agentes.
Por último, otro elemento preocupante es la creciente presencia de las fuerzas policiales en la gestión de los conflictos laborales. En el caso de los trabajadores estatales, por ejemplo, en muchas ocasiones fueron las propias fuerzas las que, en las puertas de los ministerios, comunicaban los despidos e impedían el ingreso de los trabajadores. Asimismo, durante el conflicto docente la policía se presentó en las escuelas para certificar quiénes adherían al paro, mientras que en otras ocasiones se desplegaron grandes números de efectivos para "custodiar" y, muchas veces, reprimir, a los trabajadores en conflicto.
Frente a este contexto en que el Gobierno acciona en contra de lxs Trabajadorxs, Baradel denunció: "Los despidos injustificados de referentes y activistas, la estigmatización pública de los dirigentes sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho de huelga y de protesta son cuestiones que se repiten en cada rincón de nuestro país. Varios dirigentes han sido involucrados en procesos penales con el único objeto de intimidar y neutralizar al activismo sindical, con medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas y la de ingresar a edificios estatales, como la Legislatura e incluso las Escuelas donde trabajan nuestros representados".
El dirigente destacó la presencia de Sindicatos y Organismos de DDHH en apoyo a la denuncia presentada: "Con un grado muy importante de cinismo, el Gobierno negó cercenar Derechos laborales, la represión a los Docentes frente al Congreso y a lxs Trabajadorxs de Pepsico. Hoy estamos presentes las Organizaciones Sociales, la Justicia laboral, los abogados laboralistas, destacando la presencia de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y de todos aquellos que nos preocupamos por defender la plena vigencia de los Derechos Laborales y Sociales. Mientras que por parte del Gobierno hay una actitud totalmente ofensiva".
A su vez, Baradel señaló respecto a la Educación: "En el marco del conflicto salarial docente de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y Provincial denegaron el derecho de negociación colectiva a nivel nacional y desplegaron una fuertísima campaña de estigmatización de la lucha docente y sus dirigentes, que intentó operar como disciplinador del espectro de Trabajadores en su conjunto. Incluso, como Secretario General del sindicato fui amenazado, junto a mi familia".
Otro elemento preocupante es la creciente presencia de las fuerzas policiales en la gestión de los conflictos laborales, por lo que el Secretario General sostuvo: "En el caso de los Trabajadores Estatales, en muchas ocasiones fueron las propias fuerzas las que, en las puertas de los Ministerios, comunicaban los despidos e impedían el ingreso de los Trabajadores. Asimismo, durante el conflicto docente, la policía se presentó en las Escuelas para certificar quiénes adherían al paro, mientras que en otras ocasiones se desplegaron grandes números de efectivos para custodiar y, muchas veces, reprimir a los Trabajadores en conflicto".
Por otra parte, Baradel también expresó: "Que el sindicato provincial docente de Tierra del Fuego (SUTEF) se enfrenta a un proceso de persecución que involucra a las fuerzas policiales, el poder judicial y el ejecutivo de la provincia. En el marco de una protesta sindical en 2013 las fuerzas policiales reprimieron ferozmente y un grupo de trabajadores fue imputado penalmente. Tras dos años de un proceso irregular varios docentes fueron condenados por atentado a la autoridad y lesiones leves. Tras las condenas, la gobernadora dispuso la exoneración de 17 delegados sindicales, apartándose de la sanción recomendada por el sumario administrativo: que era apenas una suspensión".
Por último, Baradel cerró su exposición en la audiencia: "Por todo lo expresado, venimos a hacer esta denuncia, que la lleva adelante el CELS y que agrupó a una serie de Sindicatos por los ataques que hemos sufrido. El Gobierno dice que hubo negociación, pero ocultan que quisieron poner voluntarios, que hicieron una cacería con la quita de personería gremial y que negó protección cuando amenazaron de muerte a mi familia. Claramente, el Gobierno pretende disciplinar a la Clase Trabajadora. Con nuestro reclamo, también estamos exigiendo la libertad de Milagro Sala y justicia y verdad por Santiago Maldonado".
La audiencia contó con la importante presencia de la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se pronunció en "repudio a la represión a la protesta social y a la persecución a nuestros líderes sindicales". Asimismo estuvieron presentes Patricia Romero Diaz, Secretaria de DDHH del SUTEBA y María Reigada, Secretaria de DDHH de la CTA Pcia. de Buenos Aires.
Cabe destacar que, además de Baradel, tomaron la palabra, en representación de la Sociedad Civil Diego Morales (CELS), Matías Cremonte (AAL), ANJUT, Hugo Blasco (CTA Autónoma), Álvaro Ruiz (CGT), Gustavo Ciampa (Corriente Abogados 7 de Julio) y Carla Gaudensi (SiPreBA).
LA PERSECUCIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LOS TRABAJADORES
Los despidos injustificados de referentes y activistas, la estigmatización pública de los dirigentes sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho de huelga y de protesta, son cuestiones que se repiten en cada rincón de nuestro país.
En el caso de los trabajadores estatales, el Estado nacional estigmatizó a nuestros compañeros calificándolos como "ñoquis" (lo que en la argentina equivale a decir vagos, que trabajan solo un día al mes). Violando el derecho a la estabilidad, a un salario digno, a la libre agremiación y con una clara impronta de persecución ideológica, los trabajadores estatales sufrimos más de 20.000 desvinculaciones los primeros meses del nuevo gobierno.
Por otra parte, el sindicato provincial docente de Tierra del Fuego (SUTEF) se enfrenta a un proceso de persecución que involucra a las fuerzas policiales, el poder judicial y el ejecutivo de la provincia.
En el marco de una protesta sindical en 2013 las fuerzas policiales reprimieron ferozmente y un grupo de trabajadores fue imputado penalmente. Tras dos años de un proceso irregular varios docentes fueron condenados por atentado a la autoridad y lesiones leves. Tras las condenas, la gobernadora dispuso la exoneración de 17 delegados sindicales, apartándose de la sanción recomendada por el sumario administrativo: que era apenas una suspensión.
Asimismo, varios dirigentes han sido involucrados en procesos penales con el único objeto de intimidar y neutralizar al activismo sindical, con medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas y la de ingresar a edificios estatales, como la legislatura e incluso las escuelas donde trabajan nuestros representados.
A su vez, un caso especialmente grave es el del delegado de la central nuclear estatal Atucha, Damián Straschenco, que fue envenenado en mayo de este año, cuando en su botella de agua personal se verificó la presencia de material radioactivo.
En lugar de aportar a investigar seriamente los hechos, la empresa estatal despidió al delegado por un antiguo sumario de dudosa legitimidad y le solicitó al juez que recaratulara la causa como "sabotaje". De esta forma Straschenco y sus compañeros quedaron imputados y hoy están siendo indagados en el juzgado federal. Todo esto en un contexto de crecientes despidos en la industria de la energía, con más de mil despidos en las centrales de Atucha durante 2017.
Por su parte, la próxima semana un grupo de delegados del periódico Perfil enfrentará un juicio oral por el ejercicio de su derecho de huelga. Se les acusa de cometer un delito contra la libertad de prensa por impedir la circulación del periódico, en el marco de un conflicto laboral. Una eventual sentencia condenatoria implicaría un golpe de muerte para los derechos de los trabajadores de medios periodísticos, a quienes les quedaría vedada la huelga.
Un proceso muy similar se sigue en contra de un grupo de delegados del Diario Uno de Mendoza, cesados y criminalizados por encabezar una protesta en 2013, en reclamo de compañeros despedidos.
También, en mayo de este año el Secretario General y el Adjunto del sindicato estatal de la Provincia de Río Negro (ATE), fueron detenidos por el ejercicio del derecho a la protesta, días después de una manifestación pública, e imputados por el delito de coacción agravada. En el caso del secretario general, esta es la tercera detención e imputación en menos de dos años por hechos similares.
También, la imposición de multas mediante la justicia contravenciona, por el legítimo ejercicio del derecho de huelga en los subterráneos de la ciudad de buenos aires, es expresión del clima de persecución sindical que se vive en la Argentina.
Asimismo, en el marco del conflicto salarial docente de la provincia de Buenos Aires, los gobiernos nacional y provincial denegaron el derecho de negociación colectiva a nivel nacional y desplegaron una fuertísima campaña de estigmatización de la lucha docente y sus dirigentes, que intentó operar como disciplinador del espectro de trabajadores en su conjunto. Incluso, como secretario general del sindicato fui amenazado, junto a mi familia.
Este proceso de estigmatización incluyó también episodios de represión policial, como el ocurrido frente al Congreso de la Nación mientras la central sindical docente CTERA instalaba la "Escuela Pública Itinerante". De noche, los docentes fueron reprimidos violentamente por un operativo conjunto de la policía federal y de la ciudad de buenos aires.
Lo propio ocurrió cuando las trabajadoras y trabajadores de Pepsico, que se encontraban ocupando pacíficamente la fábrica ante el cierre intempestivo de la planta y el despido del personal, fueron desalojados violentamente por un operativo conjunto de la policía bonaerense y la Gendarmería Nacional, con más de 500 agentes.
Por último, otro elemento preocupante es la creciente presencia de las fuerzas policiales en la gestión de los conflictos laborales. En el caso de los trabajadores estatales, por ejemplo, en muchas ocasiones fueron las propias fuerzas las que, en las puertas de los ministerios, comunicaban los despidos e impedían el ingreso de los trabajadores. Asimismo, durante el conflicto docente la policía se presentó en las escuelas para certificar quiénes adherían al paro, mientras que en otras ocasiones se desplegaron grandes números de efectivos para "custodiar" y, muchas veces, reprimir, a los trabajadores en conflicto.
