SUTEBA ACOMPAÑA EL RECLAMO DE LA FAMILIA POR EL NO CIERRE DE LA CAUSA
El 1º de agosto de 2017 la Gendarmería bajo ordenes de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizó un violento operativo irregular sobre la comunidad mapuche (Pu Lof) de Cushamen, en la Ruta 40, Chubut. En el marco de una disputa de tierras adquiridas de manera ilegal por el grupo extranjero Benetton, que originariamente son de los mapuches, quienes reclaman hace años la expulsión de los ocupantes ilegítimos, se desató una represión que se extendió desde la ruta hacia el interior de la comunidad. Ante el feroz accionar de las fuerzas de seguridad, los integrantes del pueblo originario se replegaron hacia el Río Chubut, lugar donde se vio por última vez a Santiago Maldonado.
A lo largo de su desaparición, de 77 días, se desencadenaron numerosas irregularidades en el marco de la investigación, en manos de la Gendarmería, la Justicia y el Ministerio de Seguridad Nacional, sumado a un repudiable accionar de medios de comunicación y periodistas afines al oficialismo que se dedicaron a operar con noticias falsas y acusaciones sobre Santiago y su entorno que sólo generaron ocultamientos y desviaciones en la investigación de su muerte. Debido a estas marcadas desprolijidades y ante el constante entorpecimiento de cualquier intento de esclarecimiento, se señala hasta el día de hoy al Estado Nacional como el principal responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Santiago había nacido el 25 de julio de 1989 en 25 de Mayo (Buenos Aires) y se desempeñaba como artesano y tatuador. Unos meses antes de su muerte, se había instalado en El Bolsón y se encontraba en la Patagonia para apoyar el reclamo de las comunidades originarias por la propiedad de las tierras. Una vez conocida su desaparición, los Organismos de Derechos Humanos, las agrupaciones sindicales, políticas y sociales, en conjunto con la sociedad, realizaron numerosos y masivos actos en Plaza de Mayo, como también en varios puntos del país, para reclamar la aparición con vida del joven bajo la consigna de "¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?".
El reclamo por la aparición con vida de Santiago puso en la agenda pública esta desaparición forzada en plena Democracia, que se impuso frente a la fuerte campaña sistemática de desprestigio por parte de los medios de comunicación oficialistas que buscaron instalar de manera inútil diversos mensajes malintencionados contra la familia y las organizaciones que reclamaban por la aparición con vida, además de falsas informaciones que pretendían desligar de cualquier tipo de responsabilidad a los actores involucrados en la represión, al Estado y a las fuerzas de seguridad.
El Estado intentó referirse a la situación en la que se encontraba Maldonado como "extravío de persona", en lugar de "desaparición forzada de persona", ofreció una recompensa ante ese supuesto "extravío" y hubo además funcionarios del Gobierno Nacional que relativizaron el accionar represivo hacia el pueblo mapuche y pusieron a circular diversas versiones sobre supuestos paraderos de Santiago.
A dos años de la desaparición de Santiago Maldonado, la familia del joven reitera el pedido por el no cierre de la causa, presentado formalmente ante la justicia en diciembre de 2018, sin obtener hasta ahora ningún tipo de respuesta. El fundamento de este pedido señala que algunos elementos dispuestos en el expediente se contradicen entre sí y que el juez Gustavo Lleral se negó a hacer nuevas pericias sobre las cuestiones que despiertan sospechas.
El pedido que hace la familia se fundamenta en las dudas en torno a tres elementos.
En primer lugar, denunciaron que el informe de la autopsia sostiene que la muerte del joven responde a una "muerte violenta", algo que omitió decir el juez cuando comunicó el resultado definitivo de las pericias. El 24 de noviembre de 2017, las palabras del Juez Lleral fueron: "Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en un cuadro coadyuvado por hipotermia".
La familia Maldonado aporta imágenes del informe de la autopsia, que consignan en ambos casos que se trató de una "muerte violenta".
En segundo lugar, denunciaron que los billetes encontrados junto al cuerpo de Santiago el 17 de octubre de 2017, en los bolsillos de su pantalón, nunca fueron peritados, pese a la solicitud explicita por parte de la familia; pedido que fue denegado por el Juez LLeral. En las fotos de los billetes que muestra la familia y constan en el expediente judicial, el dinero se encuentra en perfecto estado, algo que no coincidiría con la cantidad de días que habría pasado el cuerpo sumergido en el agua según la versión oficial.
El tercer elemento es otra incongruencia entre el fallo y el informe de la autopsia. La familia cuestiona que la temperatura del cuerpo de Santiago informada por los peritos forenses no coincide con la del Río Chubut. "La crioconservación es el proceso en el cual las células o tejidos son congelados a muy bajas temperaturas, generalmente entre -80ºC y -196ºC. La temperatura del agua del Río Chubut nunca es menor a 0ºC.". ¿Esto quiere decir que estuvo en un lugar diferente al Río Chubut? Se solicitó al Juez Lleral explicación a este punto, siendo también denegado", sostienen desde la familia.
La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado a raíz de una represión ilegal es testimonio de una violación a los Derechos Humanos encabezada desde el Estado.
Desde el SUTEBA y la CTERA seguimos reclamando Verdad y Justicia por Santiago Maldonado y castigo a lxs responsables materiales y políticos.
Acompañamos el reclamo de la familia Maldonado por el no cierre de la causa.
No queremos vivir en un país donde un joven puede desaparecer y morir, donde se vulneren los Derechos Humanos. La represión y la violencia institucional no resuelven los conflictos y dañan profundamente nuestra Democracia.
Desde el SUTEBA, junto a los Organismos de DDHH y su familia, seguiremos exigiendo VERDAD Y JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO.
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
