En estos años de neoliberalismo primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de la justicia y la ética. Es tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción en el área educativa.
Por Carlos Andujar *
El neoliberalismo como proyecto político, del que el macrismo fue su tercer intento local, es un proyecto totalizador, es decir que tuvo (y tiene, ahora desde la oposición) pretensiones hegemónicas. Dicho de otro modo, unidas a las reformas económicas implica siempre transformaciones culturales.
Como menciona el recordado filósofo y periodista italiano Antonio Gramsci: “La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominación y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios, que tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede, y también debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernamental. Es esta una de las condiciones principales para la propia conquista del poder. Después, cuando ejerce el poder y también lo mantiene firmemente en sus manos se convierte en dominante, pero debe continuar siendo también dirigente”.
El neoliberalismo de Cambiemos antes de llegar al poder en el 2015, alimentándose de “sentidos comunes” preexistentes, supo “dirigir moral e intelectualmente”, medios de comunicación mediante, a cierto sector social alcanzándole para democráticamente acceder a conquistar el poder estatal. Una vez allí, incorporó en su intento de construir supremacía, el control de las diversas instancias gubernamentales. El sistema educativo, perla preciada del aparato cultural estatal, aún con sostenidas resistencias que volcaron a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la educación a las calles, no escapó a tal devenir.
La escuela puede mercantilizarse de distintos modos, pero sin duda el más conocido y visible es el deterioro provocado por los recortes presupuestarios que, bajo la bandera de la disciplina fiscal, esconde verdaderas políticas de trasferencias regresivas del ingreso.
Según el informe del Programa de educación del CIPPEC (Documento de trabajo Nº 178 de febrero de 2019), la meta estipulada por la Ley de Educación Nacional (2006) de invertir el 6 por ciento del PIB en educación se llegó a cumplir en el 2015 pero no se sostuvo después de esa fecha. El gasto educativo consolidado fue del 5,80 y 5,65 por ciento del PIB en 2016 y 2017, respectivamente.
En términos absolutos, entre 2015 y 2016 la reducción fue de 65.000 millones de pesos constantes del año 2018 entre ambos niveles de gobierno (bajó un 7 por ciento a nivel nacional (15.617 millones de pesos, a valores de 2018) y un 8 por ciento a nivel provincial ($49.384 millones)).
En la misma línea el Colectivo de Observatorios y equipos de investigación en educación estipularon que, en caso de haberse aprobado el Proyecto de ley de Presupuesto elevado por el macrismo en septiembre de 2019, la función Educación que en el 2016 representaba 7,8 por ciento del presupuesto del Estado Nacional se hubiese reducido al 5,1 por ciento en el 2020, una disminución, en términos reales, del 34 por ciento.
En comparación con el pago de la deuda, el informe concluye que para el 2016, Argentina había presupuestado aproximadamente la misma cantidad de fondos para el pago de deuda que para educación, pero que para el 2020 los fondos para deuda están en una relación de 4 a 1 con respecto a aquellos destinados a educación.
A nivel Nacional el ajuste se realizó en el desfinanciamiento o la directa eliminación de Programas, como el de Formación Docente “Nuestra Escuela”, el plan “Conectar Igualdad” o las “Becas Progresar” y la unilateral e ilegal eliminación de la Paritaria Nacional Docente que, gracias a un fondo de compensación salarial aportado por la Nación, había logrado reducir sustantivamente las desigualdades salariales docentes en todo el país.
A nivel provincial el ajuste se produjo principalmente a través de la caída estrepitosa del salario real docente, componente que representa más del 90 por ciento del presupuesto educativo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Un segundo modo de mercantilización fue el ataque sistemático a quienes pueden (y en efecto lo han hecho) resistir la avanzada neoliberal: las y los trabajadores de la educación y sus sindicatos.
La demonización de los sindicatos y las y los sindicalistas, y el desprecio por la tarea docente (unido al deterioro salarial, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se amenazó con convocar “voluntarios” para reemplazar a quienes ejercían el derecho constitucional a la huelga) lejos de ser medidas aisladas fueron reflejo de las “recomendaciones” del Banco Mundial que en sus documentos oficiales (Profesores Excelentes (2015)) responsabilizan de la “baja calidad educativa” a las y los docentes.
Estos, menciona explícitamente el documento, dado que gozan de estabilidad laboral dan clases con poca eficacia y tienen altos niveles de ausentismo. La solución que da el Banco Mundial cae por su propio peso: “flexibilización” laboral y rendición de cuentas. En efecto, la partida de Evaluación del presupuesto del Ministerio de Educación es una de las pocas que se ha incrementado desde el 2015, y que, en el marco del desfinanciamiento del resto de los programas, convirtió y redujo a la evaluación a un mero mecanismo de control, disciplinamiento y sanción.
El tercer modo y menos conocido de mercantilización es el peso que diversas ONG y fundaciones educativas han tenido en la definición de políticas públicas actuando como representantes de las elites económicas, destacándose estrechos lazos entre funcionarios, empresarios y directivos de las Fundaciones/ONGs educativas. Como señala Ana Castellani, en el informe Nº6 del Observatorio de las Elites (Citra. Umet. Conicet), de febrero 2019, tres son los principales motivos de tal desembarco.
En primer lugar, la necesidad de moldear la formación de “los recursos humanos del futuro” en función de las demandas del sector productivo, desarrollando una oferta educativa que esté acorde a las nuevas necesidades de capacitación de la mano de obra destinada a satisfacer las demandas propias del mercado laboral.
En segundo lugar, la posibilidad de ampliar y acceder fácilmente a un mercado que ofrece rentables oportunidades de negocios brindando diversos servicios educativos donde el Estado es el principal demandante, regulador e inversor (capacitación docente, plataformas educativas, informatización de datos, edición de materiales, realización de evaluaciones estandarizadas).
Por último, pero central para el direccionamiento intelectual y moral que mencionaba Gramsci, la pretensión de difundir ideas, valores, actitudes y predisposiciones propias del ámbito empresarial como si fueran cosmovisiones del conjunto social que le permitan legitimar socialmente cambios en las políticas públicas que habiliten y/o amplíen el proceso de mercantilización educativa.
Estos mecanismos de captura de la decisión pública por parte de las elites económicas, continua el citado informe, se traducen en un creciente proceso de mercantilización de la educación que consiste básicamente en:
1. El avance de las empresas en la definición e implementación de las políticas educativas.
2. La promoción de los valores, principios y criterios organizacionales propios del mercado en el campo educativo.
3. La prestación de servicios educativos diversos.
Particularmente la difusión de ideas y valores llegó a la escuela, muchas de las veces de la mano de las ONG y fundaciones, inundando las capacitaciones y las prácticas docentes de cosmovisiones provenientes del mercado (técnicas de auto ayuda, clima escolar, gestión institucional); de la aplicación acrítica de las neurociencias y la “inteligencia emocional”; del desarrollo de capacidades y habilidades genéricas “universalmente válidas” en desmedro de saberes que, situados histórica y políticamente, sean productores de inclusión social y, de la cultura (y la enseñanza de las técnicas) del emprendedurismo, legitimación y explicación última de todo conflicto social de la mano de la impronta meritocrática neoliberal.
En estos años de neoliberalismo primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de la justicia y la ética. Se empobreció a la población, se desfinanció a la educación, se “evaluó” y se culpabilizó a las y los docentes por la “baja calidad”.
En muchos casos se resistió con inteligencia en el marco de las relaciones de fuerzas existentes. Es tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción. De la sustracción de derechos a su restitución. De ofrecer un modo distinto al que ha propuesto históricamente el neoliberalismo de responder a la interpelación del Otro sufriente. Desmercantilizar la escuela, es la tarea.
* Docente UNLZ FCS. ISFD Nº41 (CEMU).
fliaandujar@gmail.com
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