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| Por Stella Maldonado |
En nuestro país el gobierno democrático popular
que inaugura esta etapa en 2003 recibió como herencia un esquema tributario que
no es funcional a la idea de desarrollo con inclusión social. Es necesario que
el Estado recaude más y mejor.
Es imprescindible modificar aspectos de aplicación
del IVA que pagan por igual ricos y pobres y la aplicación del impuesto a las
ganancias en el caso de los asalariados. No es incorrecto que los altos
ingresos tributen, pero primero hace falta definir claramente qué son altos ingresos,
cómo y cuánto deben tributar y establecer escalas que se revisen periódicamente
con criterios de equidad y justicia distributiva.
No se resuelve simplemente con modificar el mínimo
no imponible. Una posible reforma debería además fijar nuevas
escalas bajando la contribución de la primera franja y subiendo la contribución
de las más altas. Hablamos de ejecutivos de grandes empresas que, además de
ganar salarios diez veces más altos que el mínimo no imponible, en muchos
casos, tienen acciones de la firma por cuyas utilidades no pagan ganancias.
El gravamen a la renta financiera es ineludible
junto a las restricciones que impidan la fuga de capitales.
No es posible que se pueda deducir de ganancias
los intereses de créditos hipotecarios y no alquileres, cuando precisamente la
necesidad de alquilar se produce por falta de acceso al crédito hipotecario. Es absurdo que se incluya en la base de cálculo
las sumas que se pagan en concepto de viáticos y refrigerios, o material
didáctico en el caso de los docentes.
Es incomprensible e injustificable que una docente
jefa de familia que se ve obligada a trabajar en dos cargos y pagar alquiler
esté alcanzada por ganancias.
Carece de toda lógica que alguien que gana 12.000
pesos, por supuesto un buen salario, termine cobrando de bolsillo menos que
alguien que gana 10.000 pesos por la aplicación de las escalas que están
vigentes desde el año 2000 (es decir antes de la salida de la convertibilidad
).
De ninguna manera pretendemos medidas que
desfinancien al Estado, muy por el contrario, hay que profundizar el combate
contra el trabajo no registrado y el fraude laboral, la evasión y la elusión
impositiva y se impone volver a reponer los aportes patronales con políticas
específicas de promoción para las PYMES y garantizar que todos los trabajadores
cobren asignaciones familiares.
Continuar avanzando en las medidas anticíclicas
que nos protejan del impacto de la crisis económica internacional implica
también reformular la estructura tributaria aún vigente y ponerla en línea con
las necesidades del desarrollo sustentable autónomo con justicia social por el
cual los trabajadores hemos luchado tantos años.
STELLA MALDONADO - Secretaria General CTERA
