La ley promulgada el día martes, basada en un proyecto enviado al
Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional, tiene como objetivo, según
surge de la letra del mismo “ el ordenamiento del régimen de reparación
de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales”.
Si bien esta nueva legislación
aumenta las indemnizaciones, fija un coeficiente de actualización
semestral, incrementa de un 20% en concepto de reparación integral del
daño y la obligación de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) de
pagar en un plazo de apenas unos días, cambios que pudieran considerarse
positivos, en verdad tienen la intención de inducir al trabajador a
percibir la indemnización fijada por el sistema, renunciando a iniciar
acciones judiciales. De esta manera deja en condiciones de marcada
desprotección a los trabajadores enfermos o accidentados que discrepen
con los porcentajes de incapacidad, con los dictámenes de las Comisiones
Médicas, con el listado cerrado de enfermedades profesionales, con los
montos indemnizatorios derivados de situaciones de siniestralidad,
provocados la mayoría de las veces por malas condiciones de trabajo que
no son sancionadas por el actual sistema.
Que se pague más un accidente o una enfermedad no disminuye los daños, las incapacidades y/o las muertes. Debemos ir por más…
Esta vez el Congreso perdió la oportunidad de dar por tierra, una Ley de Riesgos del Trabajo producto de la década del 90, en la cual se provocó un claro retroceso en materia de derechos laborales y se constituyó un proceso de privatización de la Seguridad Social con el surgimiento conjunto de las A.R.T y las A.F.J.P.
El objetivo de una nueva ley, debería ser compatibilizar la legislación de riesgos de trabajo con los principios de seguridad social establecidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios de la OIT como el 155 y el 187 y el protocolo 2002 de seguridad e higiene en el trabajo, referidos al carácter protectorio, universal, solidario, progresivo, equitativo y tendiente a la igualdad y la cobertura efectiva e integral de las contingencias que se le presenten a los trabajadores a lo largo de su vida laboral.
Necesitamos una ley que además de “reparar”, ponga en valor la vida de los trabajadores, que ponga su acento en la prevención de los riesgos de trabajo, que propicie políticas de salud y seguridad con participación de los trabajadores.
El Estado es el único garante posible para el cumplimiento de estos objetivos.
La CTA no abandonará los ámbitos de discusión y lucha con los trabajadores y con el gobierno para seguir ampliando derechos de la mayoría, entre ellos. una ley integral de salud y Seguridad en el trabajo que refleje los valores de la construcción democrática de este momento histórico.
CONSEJO EJECUTIVO PROVINCIAL DE SUTEBA
Que se pague más un accidente o una enfermedad no disminuye los daños, las incapacidades y/o las muertes. Debemos ir por más…
Esta vez el Congreso perdió la oportunidad de dar por tierra, una Ley de Riesgos del Trabajo producto de la década del 90, en la cual se provocó un claro retroceso en materia de derechos laborales y se constituyó un proceso de privatización de la Seguridad Social con el surgimiento conjunto de las A.R.T y las A.F.J.P.
El objetivo de una nueva ley, debería ser compatibilizar la legislación de riesgos de trabajo con los principios de seguridad social establecidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios de la OIT como el 155 y el 187 y el protocolo 2002 de seguridad e higiene en el trabajo, referidos al carácter protectorio, universal, solidario, progresivo, equitativo y tendiente a la igualdad y la cobertura efectiva e integral de las contingencias que se le presenten a los trabajadores a lo largo de su vida laboral.
Necesitamos una ley que además de “reparar”, ponga en valor la vida de los trabajadores, que ponga su acento en la prevención de los riesgos de trabajo, que propicie políticas de salud y seguridad con participación de los trabajadores.
El Estado es el único garante posible para el cumplimiento de estos objetivos.
La CTA no abandonará los ámbitos de discusión y lucha con los trabajadores y con el gobierno para seguir ampliando derechos de la mayoría, entre ellos. una ley integral de salud y Seguridad en el trabajo que refleje los valores de la construcción democrática de este momento histórico.
CONSEJO EJECUTIVO PROVINCIAL DE SUTEBA
