La reunión estuvo presidida por el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, la Viceministra, Adriana Puiggrós, e integrantes del gabinete educativo.
Sonia Alesso, Secretaria General de la CTERA, planteó ante el Ministro y el Consejo Federal la preocupación de la Confederación por la inclusión en el Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de artículos que perjudicarían la jubilación docente. Además, le entregó al Ministro un documento* elaborado por nuestra entidad, donde se alertaba sobre las consecuencias de esa afectación.
Asimismo, la CTERA volvió a plantear los 10 puntos que elaboró nuestra Organización con propuestas para Educación e insistió con mucha firmeza sobre la importancia de fortalecer la Paritaria Nacional Docente para discutir salarios y políticas educativas.
El Ministro de Educación ratificó la voluntad del Gobierno Nacional de volver a convocar a la Paritaria Nacional Docente, derogada por el anterior Gobierno en enero de 2017.
*DOCUMENTO PROGRAMÁTICO PARA LA EDUCACIÓN EN ARGENTINA
"Proteger lo que crece en las Escuelas para nuestro porvenir".
El proyecto debe partir de un objetivo principal e ineludible que consiste en SALDAR LA DEUDA EDUCATIVA CON LA SOCIEDAD. Esto se logra cumpliendo con las leyes educativas vigentes que hoy regulan el DERECHO A LA EDUCACIÓN y generando los acuerdos democráticos necesarios para ampliar cada vez más los derechos sociales de toda la población, bajo los principios fundamentales de la justicia y la solidaridad.
El DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN se garantiza con:
- Un proyecto educativo a escala nacional, con saberes y contenidos para la soberanía pedagógica.
- Escuelas seguras, dónde lxs niñxs, jóvenes y adultxs sientan deseos de concurrir y posibilidades reales de asistencia a los establecimientos.
- Vacantes suficientes en Escuelas Públicas disponibles en todo el territorio nacional y para todos los Niveles del sistema.
- Ampliación de los horarios escolares y una organización institucional que favorezcan la articulación familia - Escuela.
- Docentes reconocidxs en su trabajo y profesionalidad, con salarios dignos, y con recursos materiales y tecnológicos para la tarea de enseñar.
- Cargos docentes suficientes y jornadas institucionales para democratizar la Educación.
- Formación permanente gratuita y de calidad para lxs Docentes de todo el sistema.
- Sistemas de evaluación que contribuyan con el mejoramiento de la enseñanza y no se reduzcan a una simple medición de control.
- Universalización de la Educación desde los 45 días hasta el Nivel Superior.
- Una Educación común para todxs que, a su vez, aloje las diferencias y necesidades propias de las diversas modalidades y contextos.
Para garantizar estos 10 puntos, que en su conjunto constituyen el derecho social a la Educación, es condición necesaria un mayor financiamiento educativo.
El Estado debe tener la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la Educación Pública estatal, laica y gratuita en todos los Niveles y Modalidades.
Lo aquí planteado exige la resignificación de nuestro Sistema Educativo como una política nacional, en el marco de una convocatoria amplia y plural con la participación de todos los sujetos sociales y sectores que entiendan a la Educación como un derecho y no como negocio, mercancía o servicio.
