10/05/2021
Con la presencia de Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de lxs Trabajadorxs y diputado nacional, y de Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA y de la CTA-Provincia, se llevó adelante en la mañana del sábado un encuentro sobre violencia institucional, organizado por las Secretarías de Derechos Humanos del SUTEBA y de la CTA de la provincia de Buenos Aires.
Además de Yasky y Baradel, el conversatorio contó con la presencia de la Senadora Provincial María Reigada, Secretaria de DDHH de la CTA-Provincia; el Secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla; el Subsecretario de DDHH de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; y el Secretario de Juventud de la CTA-Provincia, Mauro Picoli.
Abrió la reunión Patricia Romero Díaz, Secretaria de DDHH del SUTEBA, que explicó el origen del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora el 8 de mayo y está vinculado a la masacre de Budge en 1987. (Ver detalles al final de esta nota). "Desde siempre, nuestra Organización Sindical, SUTEBA, y nuestra central, la CTA, fuimos parte activa de la campaña contra la violencia institucional, organizando foros, debates, discusiones, elaborando materiales", dijo.
"Entendemos nosotrxs como violencia institucional todo abuso de poder y todo ejercicio de violencia desde cualquier estamento del Estado, hacia personas o hacia organizaciones de la sociedad civil", señaló, y agregó que, "lamentablemente, lo que más repercusión tiene y más conocemos son los hechos que denominamos de GATILLO FÁCIL, que se llevan la vida de muchxs jóvenes, de muchxs pibxs de nuestros barrios, casi siempre pertenecientes a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad".
Luego nombró a "algunos, porque son muchísimos: Miguel Bru, Andrea Viera, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira, Lucas Verón y Facundo Astudillo Castro. La masacre de Monte, esa persecución feroz de cinco adolescentes, de lxs cuales solo hay una sobreviviente. Hace muy poco se cumplió un año del asesinato de Facundo Castro, y todavía está en la Justicia este fusilamiento perpetrado por la policía Bonaerense el día que Lucas cumplía 18 años, y la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro".
Horacio Pietragalla, por su parte, destacó que "hay un lado negativo y uno positivo de lo que significa conmemorar este día", y ubicó el origen de la violencia institucional en las prácticas represivas de la última dictadura: "tantos años de impunidad hicieron que, en nuestra democracia, que arrancó débil, esos delitos sigan cometiéndose, y casi siempre focalizados en la juventud".
"A la vez esto tiene un lado positivo. Ayer en reunión con compañerxs de organismos internacionales, se sorprendían que en nuestro país tengamos un día de lucha contra la violencia institucional. Esto demuestra también que gracias a la lucha de los Organismos de DDHH y gracias a la política de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, podemos hoy estar hablando de violencia institucional y tener un Estado que está presente discutiendo esta temática, no con oportunismo político como lo hace la oposición", afirmó luego, y añadió: "erradicar la violencia institucional también es defender a las instituciones policiales".
"El neoliberalismo necesita de la violencia institucional para contener el enojo que generan sus políticas económicas, y nosotrxs no podemos experimentar de vuelta casos que tanto dolor generaron a nuestra democracia. Argentina tiene que estar unida contra la violencia institucional", cerró Pietragalla.
Estuvieron presentes en el conversatorio, transmitido por los Facebook del SUTEBA y CTA, integrantes del Consejo Ejecutivo provincial del SUTEBA, la mesa provincial de la CTA, Secretarixs Generales y de DDHH de toda la provincia de ambas organizaciones, organizaciones sociales y de DDHH territoriales y concejalxs del Movimiento Mayo y el Frente de Todxs.
María Reigada expresó que "cuando nosotrxs planteamos que los gobiernos nacionales y populares quieren erradicar la violencia institucional, es porque justamente siempre estas fuerzas favorecieron a los sectores de mayor poder económico y del poder fáctico. Por eso es que venimos trabajando con tanta fuerza para poder erradicarla y construir, además, un discurso desde los sectores populares acerca de la seguridad, para poder confrontar con lo que nos vienen planteando ante la denominada doctrina Chocobar".
Luego presentó a Matías Moreno, quien después de destacar el proyecto de Ley integral contra la violencia institucional, presentado por Hugo Yasky en la Cámara de Diputados, brindó algunos datos esclarecedores sobre denuncias de casos de violencia institucional. "Según un informe de la gestión anterior, en 2016 recibieron ocho denuncias; en 2017, cuatro, en toda la provincia de Buenos Aires; en 2018, 33; y en el 2019, ocho denuncias. Nosotros, durante todo el 2020, recibimos 355 denuncias", lo que evidencia que el régimen de Cambiemos escondió una realidad para no generar una política contra la violencia institucional.
Mauro Picoli subrayó que "para nosotrxs es muy triste ver cómo hace tantos años militamos y esta represión se sistematiza y se reitera en sectores vulnerables", y remarcó el caso de "las compañeras del colectivo travesti y trans, que son permanentemente violentadas, golpeadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad". También mencionó a las trabajadoras sexuales, "que no solo tienen la condición de ser un sector totalmente excluido en lo laboral, sino que también son permanentemente perseguidas, golpeadas y detenidas".
Violencia institucional y desigualdad
Hugo Yasky se refirió a la violencia institucional como "un problema que está profundamente vinculado con el tema de la desigualdad social y con sociedades que siempre han apelado a esa idea del disciplinamiento social, fundamentalmente a través de la fuerza, cuando se trata de los más pobres", y agregó que, si buscamos "el origen genético de este flagelo, el terrorismo de Estado es la referencia ineludible".
Añadió que "no hay un solo registro de un caso de violencia institucional del que haya sido víctima alguien perteneciente a la burguesía. No existe un country donde la policía haya entrado a patadas, como entran a las villas, y haya recorrido las casas del country como recorre las casas de las villas, con absoluta impunidad y desprecio".
"Y esto tiene que ver –amplió Yasky- con esa trama que básicamente tiene su núcleo en la desigualdad, la desigualdad brutal que existe en países como el nuestro que, contra lo que suele decirse, no son países pobres, son países con mucha pobreza, pero también son países con mucha riqueza, y ese es el problema: hay núcleos de opulencia que cuando empiezan a ver amenazadas sus propiedades materiales y simbólicas, esa hegemonía que los convierte en dueños de la vida de los habitantes de una comunidad, recurren a esa violencia".
Al cerrar el encuentro, Roberto Baradel mencionó a Dalmiro Flores, asesinado durante una manifestación en diciembre de 1982, "en plena dictadura militar, pero con un accionar que tiene que ver con la violencia institucional. Los que estaban con él, escucharon al que le pegó el tiro, decirle: ‘morite, peronista hijo de puta’, con esa violencia, con ese odio de clase".
Luego señaló que "las clases dominantes han sido muy inteligentes en cuanto a la penetración cultural y la construcción de sentido común, la construcción de hegemonía". Por eso, consideró "fundamental el trabajo de concientización, de debate, de discusión".
Finalmente, hizo un llamado a la unidad y a definir con claridad cuál es la contradicción principal. "Si vuelven a ganar lxs que gobernaron cuatro años, e imponen ese tipo de ideologías, evidentemente vamos a tener grandes retrocesos. Por eso tenemos que trabajar todxs muy unidxs, convencidxs de que hay que derrotarlxs en las urnas, en el debate público y en la militancia", concluyó Baradel.
Al cierre, se propuso profundizar y enriquecer este debate sobre la erradicación de la violencia institucional en todos y cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué el 8 de mayo?
La Ley Nº 26.811/13 designa el 8 de mayo como Día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional y propone jornadas de reflexión sobre la violencia institucional. En la madrugada del 8 de mayo de 1987, efectivos policiales de la Comisaría de Ingeniero Budge acribillaron a tres jóvenes que se encontraban conversando en una esquina. El hecho conmocionó a la comunidad y puso en el centro del debate político de la época la conducta de las fuerzas de seguridad del "gatillo fácil". El aberrante suceso generó una fuerte resistencia social que visibilizó otros hechos de la misma naturaleza. Esta fuerte demanda social motivó que el Congreso Nacional sancionara por unanimidad la Ley Nº 26.811/13.
Con la presencia de Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de lxs Trabajadorxs y diputado nacional, y de Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA y de la CTA-Provincia, se llevó adelante en la mañana del sábado un encuentro sobre violencia institucional, organizado por las Secretarías de Derechos Humanos del SUTEBA y de la CTA de la provincia de Buenos Aires.
Además de Yasky y Baradel, el conversatorio contó con la presencia de la Senadora Provincial María Reigada, Secretaria de DDHH de la CTA-Provincia; el Secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla; el Subsecretario de DDHH de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; y el Secretario de Juventud de la CTA-Provincia, Mauro Picoli.
Abrió la reunión Patricia Romero Díaz, Secretaria de DDHH del SUTEBA, que explicó el origen del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora el 8 de mayo y está vinculado a la masacre de Budge en 1987. (Ver detalles al final de esta nota). "Desde siempre, nuestra Organización Sindical, SUTEBA, y nuestra central, la CTA, fuimos parte activa de la campaña contra la violencia institucional, organizando foros, debates, discusiones, elaborando materiales", dijo.
"Entendemos nosotrxs como violencia institucional todo abuso de poder y todo ejercicio de violencia desde cualquier estamento del Estado, hacia personas o hacia organizaciones de la sociedad civil", señaló, y agregó que, "lamentablemente, lo que más repercusión tiene y más conocemos son los hechos que denominamos de GATILLO FÁCIL, que se llevan la vida de muchxs jóvenes, de muchxs pibxs de nuestros barrios, casi siempre pertenecientes a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad".
Horacio Pietragalla, por su parte, destacó que "hay un lado negativo y uno positivo de lo que significa conmemorar este día", y ubicó el origen de la violencia institucional en las prácticas represivas de la última dictadura: "tantos años de impunidad hicieron que, en nuestra democracia, que arrancó débil, esos delitos sigan cometiéndose, y casi siempre focalizados en la juventud".
"A la vez esto tiene un lado positivo. Ayer en reunión con compañerxs de organismos internacionales, se sorprendían que en nuestro país tengamos un día de lucha contra la violencia institucional. Esto demuestra también que gracias a la lucha de los Organismos de DDHH y gracias a la política de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, podemos hoy estar hablando de violencia institucional y tener un Estado que está presente discutiendo esta temática, no con oportunismo político como lo hace la oposición", afirmó luego, y añadió: "erradicar la violencia institucional también es defender a las instituciones policiales".
"El neoliberalismo necesita de la violencia institucional para contener el enojo que generan sus políticas económicas, y nosotrxs no podemos experimentar de vuelta casos que tanto dolor generaron a nuestra democracia. Argentina tiene que estar unida contra la violencia institucional", cerró Pietragalla.
Estuvieron presentes en el conversatorio, transmitido por los Facebook del SUTEBA y CTA, integrantes del Consejo Ejecutivo provincial del SUTEBA, la mesa provincial de la CTA, Secretarixs Generales y de DDHH de toda la provincia de ambas organizaciones, organizaciones sociales y de DDHH territoriales y concejalxs del Movimiento Mayo y el Frente de Todxs.
Luego presentó a Matías Moreno, quien después de destacar el proyecto de Ley integral contra la violencia institucional, presentado por Hugo Yasky en la Cámara de Diputados, brindó algunos datos esclarecedores sobre denuncias de casos de violencia institucional. "Según un informe de la gestión anterior, en 2016 recibieron ocho denuncias; en 2017, cuatro, en toda la provincia de Buenos Aires; en 2018, 33; y en el 2019, ocho denuncias. Nosotros, durante todo el 2020, recibimos 355 denuncias", lo que evidencia que el régimen de Cambiemos escondió una realidad para no generar una política contra la violencia institucional.
Mauro Picoli subrayó que "para nosotrxs es muy triste ver cómo hace tantos años militamos y esta represión se sistematiza y se reitera en sectores vulnerables", y remarcó el caso de "las compañeras del colectivo travesti y trans, que son permanentemente violentadas, golpeadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad". También mencionó a las trabajadoras sexuales, "que no solo tienen la condición de ser un sector totalmente excluido en lo laboral, sino que también son permanentemente perseguidas, golpeadas y detenidas".
Hugo Yasky se refirió a la violencia institucional como "un problema que está profundamente vinculado con el tema de la desigualdad social y con sociedades que siempre han apelado a esa idea del disciplinamiento social, fundamentalmente a través de la fuerza, cuando se trata de los más pobres", y agregó que, si buscamos "el origen genético de este flagelo, el terrorismo de Estado es la referencia ineludible".
Añadió que "no hay un solo registro de un caso de violencia institucional del que haya sido víctima alguien perteneciente a la burguesía. No existe un country donde la policía haya entrado a patadas, como entran a las villas, y haya recorrido las casas del country como recorre las casas de las villas, con absoluta impunidad y desprecio".
"Y esto tiene que ver –amplió Yasky- con esa trama que básicamente tiene su núcleo en la desigualdad, la desigualdad brutal que existe en países como el nuestro que, contra lo que suele decirse, no son países pobres, son países con mucha pobreza, pero también son países con mucha riqueza, y ese es el problema: hay núcleos de opulencia que cuando empiezan a ver amenazadas sus propiedades materiales y simbólicas, esa hegemonía que los convierte en dueños de la vida de los habitantes de una comunidad, recurren a esa violencia".
Luego señaló que "las clases dominantes han sido muy inteligentes en cuanto a la penetración cultural y la construcción de sentido común, la construcción de hegemonía". Por eso, consideró "fundamental el trabajo de concientización, de debate, de discusión".
Finalmente, hizo un llamado a la unidad y a definir con claridad cuál es la contradicción principal. "Si vuelven a ganar lxs que gobernaron cuatro años, e imponen ese tipo de ideologías, evidentemente vamos a tener grandes retrocesos. Por eso tenemos que trabajar todxs muy unidxs, convencidxs de que hay que derrotarlxs en las urnas, en el debate público y en la militancia", concluyó Baradel.
Al cierre, se propuso profundizar y enriquecer este debate sobre la erradicación de la violencia institucional en todos y cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué el 8 de mayo?
La Ley Nº 26.811/13 designa el 8 de mayo como Día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional y propone jornadas de reflexión sobre la violencia institucional. En la madrugada del 8 de mayo de 1987, efectivos policiales de la Comisaría de Ingeniero Budge acribillaron a tres jóvenes que se encontraban conversando en una esquina. El hecho conmocionó a la comunidad y puso en el centro del debate político de la época la conducta de las fuerzas de seguridad del "gatillo fácil". El aberrante suceso generó una fuerte resistencia social que visibilizó otros hechos de la misma naturaleza. Esta fuerte demanda social motivó que el Congreso Nacional sancionara por unanimidad la Ley Nº 26.811/13.
