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Desde el SUTEBA trabajamos permanentemente por la democratización de la escuela, la apertura con y hacia la comunidad y la construcción de redes intersectoriales en los barrios, pero hay situaciones extremas que constituyen un límite para todo trabajador y es el hecho de ser víctima de violencia en su lugar de trabajo.
Es a partir de este trabajo, sostenido desde la organización sindical, que exigimos a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que tome MEDIDAS de RESGUARDO Y REPARACIÓN PÚBLICA hacia los trabajadores de la Educación cuando atraviesan estas complejas situaciones. En este sentido es que estamos presentando propuestas para un inmediato acuerdo paritario.
Al referirnos a MEDIDAS DE RESGUARDO estamos planteando que la DGCyE asuma la prevención de estas situaciones y el resguardo de los derechos de los trabajadores antes, durante y después de ocurridos los hechos; que se responsabilice de resguardar la integridad física y psicológica del trabajador. Para ello es necesario que se haga referencia en el Estatuto del Docente al "resguardo del Trabajador de la Educación".
Sobre esto, Mónica Grandoli, Secretaria de la Modalidad de Psicología de la Secretaría Gremial, opinó: "En la Provincia de Buenos Aires contamos con una guía de orientación para la actuación ante este tipo de conflictos que sugieren intervenciones en estas situaciones pero no profundizan en la situación de los docentes. Por eso, desde SUTEBA sostenemos que hay que atender su situación como trabajador, abordar con qué figura se analiza el hecho, analizar y pautar que licencia corresponde, ya que hoy no existe una licencia específica para estos casos de violencia, así como tampoco está pautado que la patronal, en este caso la DGCyE, se haga cargo del tratamiento médico o psicológico que tenga que realizar el compañero, o un asesoramiento jurídico". En ese sentido, criticó: "Actualmente la DGCyE no se hace cargo de estas situaciones.
Asimismo, cuando se denuncia a un Trabajador de la Educación por supuestos abusos en el ámbito escolar y antes de la intervención y sentencia de la Justicia por su inocencia o culpabilidad, los docentes atraviesan situaciones muy complejas, sometidos a un pre juzgamiento social y sobreexposición mediática (por la impunidad con la que los medios magnifican cualquier noticia en sus pantallas sin importar los tiempos de la justicia) provocando así daños psicológicos y sociales en el docente acusado, en su familia, en los alumnos, en los demás docentes y perjudica a la Institución. Por ello también planteamos ante la DGCyE la figura de REPARACIÓN PÚBLICA cuando la Justicia dictamina la inocencia de los docentes denunciados; esto significa que si hubo un acto de agravio anticipado, tiene que haber un acto de reparación o desagravio, en el que los equipos Directivos, las autoridades educativas distritales y/o regionales difundan en la comunidad educativa lo dictaminado por la Justicia.
Sobre esto, Patricia Romero Diaz, Subsecretaria de Derechos Humanos, sostuvo: "Esto lo propusimos como SUTEBA y ya se hizo el año pasado en el distrito de Ezeiza- E.Echeverría donde se dió lectura ante la comunidad educativa del fallo de un juez y fue absolutamente reparador para los docentes, sus compañeros de trabajo, familia y la institución educativa." Asimismo, destacó: "Vamos a lograr los acuerdos paritarios de "resguardo del Trabajador de la Educación" como la "reparación pública" y constituirán herramientas que resguardan la integridad de los/as trabajadores/as de la educación y reparación social para ellos".
