El primer intento legislativo en el continente americano, contra la prostitución de mujeres y niñxs, aprobado desde 1913, sucedió en nuestro país, Argentina. El autor fue el Dr. Alfredo Palacios y fue la primera Ley en América que protegía a las víctimas de explotación sexual y penalizaba a lxs responsables.
La explotación sexual y la trata de mujeres constituyen un atentado contra la dignidad de quienes las padecen, carga contra los Derechos Humanos más elementales, contra valores como la integridad y la libertad; y contra la vida misma.
La pandemia y la consiguiente emergencia sanitaria, económica y social obligó a tomar medidas para consolidar y promover la perspectiva de la Protección Integral y la concepción de mujeres, niñxs y adolescentes como sujetos de derechos y promover, particularmente, un uso seguro y responsable de Internet.
Este último se ha convertido en un medio para el ejercicio de múltiples derechos, uno de ellos el de la Educación. Junto con ello, se ha registrado un incremento de los riesgos asociados a su uso; particularmente, en lo relativo a la explotación a través de la pornografía y otras formas de abuso sexual en línea que pueden derivar en situaciones de explotación; como el grooming, por ejemplo.
Esta herramienta y su uso, que ha llegado para quedarse, debe acompañarse de acciones que garanticen y promuevan un uso seguro. Esto es garantizar acceso universal, ofrecer Educación digital y sensibilizar sobre los riesgos, tanto a niñxs y adolescentes como a adultxs referentes.
Una vez más, encontramos en la Educación Sexual Integral un instrumento que facilita, en todos los Niveles y Modalidades, el abordaje preventivo para con lxs estudiantes y familias.
