El día 23 de noviembre, la CTA de
los Trabajadores fue convocada a la Comisión de Trabajo del Senado de la
Nación para sentar posicionamiento técnico – político ante el proyecto
de Reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo enviada por el Poder
Ejecutivo Nacional, cuyo objetivo era obtener dictamen "acelerado".Varias
entidades, asociaciones de abogados laboralistas y centrales sindicales
estuvieron presentes y fue unánime el rechazo de esta reforma, cuyo
único objetivo es proteger las ganancias de las Aseguradoras del Riesgo
del Trabajo, desprotegiendo a los más débiles: a las trabajadoras y los
trabajadores enfermos y a los discapacitados/as víctimas de las malas
condiciones de trabajo.
En primer lugar, nuestra Central planteó que un Sistema de Cobertura de Riesgos del Trabajo, conforme lo establece la normativa internacional (ratificada por Argentina), debe contener necesariamente distintas etapas: Prevención, Prestaciones, Reparación y Reinserción Laboral.
En éste proyecto, sólo se aborda una de ellas, la de Reparación, y en forma menguada y perjudicial para los Derechos de los trabajadores. Ésto generará responsabilidad internacional del Estado, por incumplimiento de Convenios recientemente ratificados (OIT 155, 187 entre otros).
Pero además, este proyecto de Ley, constituye un nuevo "parche" al sistema de cobertura "privatista" de la LRT; manteniendo las bases jurídicas, que fueran reiteradamente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto violan Derechos Humanos fundamentales, económicos y sociales de los trabajadores que se ven afectados en su salud, día tras día, expuestos a riesgos laborales que pueden ser evitados, eliminados y/o reducidos.
Según expresa el gobierno actual, el principal objetivo de la modificación de la Ley, es "reducir la litigiosidad" (no los riesgos), sin indagar sus verdaderas causas.
No se analiza que las principales causas de la siniestralidad laboral, y como consecuencia de ello, de la litigiosidad que hay hoy en el país son: el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los empleadores; el incumplimiento del control por parte del Estado y de las ART; y la ausencia de participación de los trabajadores que son los principales interesados en que dichas normas se cumplan para que los infortunios laborales no sucedan. El rechazo sistemático de denuncias de accidentes y enfermedades profesionales y/o derivación de las mismas para su tratamiento a las Obras Sociales y a los Hospitales Públicos sobrecargan dichos sistemas (financiados por los sindicatos y el Estado); las deficientes prestaciones médicas otorgadas; las altas médicas tempranas sin estar el trabajador debidamente recuperado; la informalidad y ausencia de cobertura para los trabajadores no registrados; la morosidad en los trámites administrativos de las Comisiones Médicas; y los insuficientes montos indemnizatorios no reajustados por inflación, entre otras, son la principal evidencia de que esta Ley no sirve a las y los trabajadores.
Es importante tener en cuenta que, esta Reforma, vulnera la plena operatividad de los Derechos económicos y sociales, como así también el acceso a la tutela judicial efectiva de los trabajadores víctimas de infortunios laborales. Constituyendo una legislación regresiva, reprochada por la Constitución Nacional (ver artículo 75 inc. 23).
El proyecto va en contra también de normas del derecho administrativo, que establecen que en casos de reclamación por daños y perjuicios, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa previa contra el Estado Nacional, por lo que se pone en situación de mayor privilegio a empresas privadas que al propio Estado, en relación a la demandabilidad judicial.
La normativa referente al Autoseguro Público Provincial, creará mayores inconvenientes, en tanto sin derogar la Ley 24.557, establece menores requisitos a las Administraciones Nacionales, Provinciales y Municipales para acceder a dicho régimen.
Por último, se remarcó la gran deuda que existe en nuestro país en materia legislativa nacional de participación de los trabajadores en temas de salud y seguridad; por ejemplo en la figura de Comités Mixtos y Delegado de Prevención.
Nadie mejor que el saber de los trabajadores para generar espacios colectivos para el mejoramiento de las condiciones de Trabajo.
Estos fueron algunos de los puntos planteados en el recinto por los compañeros del equipo de Salud laboral de nuestra Central.
Estuvieron presentes la Subsecretaria de Salud Laboral y CyMAT de SUTEBA, Mariana Molteni, Francisco Nena, el Asesor Letrado Laboralista, Gastón Valente, y la Secretaria De Salud laboral de CTA Provincia, Lilian Capone.
SUTEBA PROVINCIAL - CTA PCIA DE BUENOS AIRES
En primer lugar, nuestra Central planteó que un Sistema de Cobertura de Riesgos del Trabajo, conforme lo establece la normativa internacional (ratificada por Argentina), debe contener necesariamente distintas etapas: Prevención, Prestaciones, Reparación y Reinserción Laboral.
En éste proyecto, sólo se aborda una de ellas, la de Reparación, y en forma menguada y perjudicial para los Derechos de los trabajadores. Ésto generará responsabilidad internacional del Estado, por incumplimiento de Convenios recientemente ratificados (OIT 155, 187 entre otros).
Pero además, este proyecto de Ley, constituye un nuevo "parche" al sistema de cobertura "privatista" de la LRT; manteniendo las bases jurídicas, que fueran reiteradamente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto violan Derechos Humanos fundamentales, económicos y sociales de los trabajadores que se ven afectados en su salud, día tras día, expuestos a riesgos laborales que pueden ser evitados, eliminados y/o reducidos.
Según expresa el gobierno actual, el principal objetivo de la modificación de la Ley, es "reducir la litigiosidad" (no los riesgos), sin indagar sus verdaderas causas.
No se analiza que las principales causas de la siniestralidad laboral, y como consecuencia de ello, de la litigiosidad que hay hoy en el país son: el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los empleadores; el incumplimiento del control por parte del Estado y de las ART; y la ausencia de participación de los trabajadores que son los principales interesados en que dichas normas se cumplan para que los infortunios laborales no sucedan. El rechazo sistemático de denuncias de accidentes y enfermedades profesionales y/o derivación de las mismas para su tratamiento a las Obras Sociales y a los Hospitales Públicos sobrecargan dichos sistemas (financiados por los sindicatos y el Estado); las deficientes prestaciones médicas otorgadas; las altas médicas tempranas sin estar el trabajador debidamente recuperado; la informalidad y ausencia de cobertura para los trabajadores no registrados; la morosidad en los trámites administrativos de las Comisiones Médicas; y los insuficientes montos indemnizatorios no reajustados por inflación, entre otras, son la principal evidencia de que esta Ley no sirve a las y los trabajadores.
Es importante tener en cuenta que, esta Reforma, vulnera la plena operatividad de los Derechos económicos y sociales, como así también el acceso a la tutela judicial efectiva de los trabajadores víctimas de infortunios laborales. Constituyendo una legislación regresiva, reprochada por la Constitución Nacional (ver artículo 75 inc. 23).
El proyecto va en contra también de normas del derecho administrativo, que establecen que en casos de reclamación por daños y perjuicios, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa previa contra el Estado Nacional, por lo que se pone en situación de mayor privilegio a empresas privadas que al propio Estado, en relación a la demandabilidad judicial.
La normativa referente al Autoseguro Público Provincial, creará mayores inconvenientes, en tanto sin derogar la Ley 24.557, establece menores requisitos a las Administraciones Nacionales, Provinciales y Municipales para acceder a dicho régimen.
Por último, se remarcó la gran deuda que existe en nuestro país en materia legislativa nacional de participación de los trabajadores en temas de salud y seguridad; por ejemplo en la figura de Comités Mixtos y Delegado de Prevención.
Nadie mejor que el saber de los trabajadores para generar espacios colectivos para el mejoramiento de las condiciones de Trabajo.
Estos fueron algunos de los puntos planteados en el recinto por los compañeros del equipo de Salud laboral de nuestra Central.
Estuvieron presentes la Subsecretaria de Salud Laboral y CyMAT de SUTEBA, Mariana Molteni, Francisco Nena, el Asesor Letrado Laboralista, Gastón Valente, y la Secretaria De Salud laboral de CTA Provincia, Lilian Capone.
SUTEBA PROVINCIAL - CTA PCIA DE BUENOS AIRES
