Muchas de las prácticas institucionales violentas han sido naturalizadas y no suelen ser identificadas como abusos de poder. Son visibilizadas como facultades "normales" y hasta "permitidas". Una de las formas en que este tipo de violencia se manifiesta es precisamente a través de las fuerzas de seguridad que concentran el poder punitivo del Estado.
Así como la violencia policial tiene su expresión más brutal en el gatillo fácil, existen otras prácticas de abuso como por ejemplo hostigamientos y persecuciones, operativos compulsivos de documentación, requisas, detenciones arbitrarias en la vía pública, intervenciones que implican el uso de la fuerza, ya sea en manifestaciones o en el marco de operativos de rutina de "seguridad" y "orden", en coimas, en los armados de causas que desde el ejercicio del poder convierten ese modo de intervención en un mecanismo de control y discriminación social. Hoy mismo, en nuestro país, asistimos a la reglamentación del uso de las pistolas táser, consideradas armas de tortura por Organismos Internacionales de DDHH.
Es necesario desarticular prácticas, discursos y miradas que convierten en enemigos a vastos sectores sociales. Para ello y en primera medida es necesario reconocer nuestros derechos, difundirlos y ponerlos en ejercicio.
En este sentido, la Ley Nº 26.811/13 que designa el 8 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional y las jornadas de reflexión sobre la violencia institucional que propone, pueden ser una herramienta útil para las Escuelas, Centro de Estudiantes, organizaciones barriales, sociales y juveniles. En la misma, se reglamenta que el Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acuerden la inclusión de jornadas alusivas al Día Nacional instituido en los respectivos calendarios escolares, con el objeto de consolidar la concepción democrática de seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Dispone, por último, para cada uno de los parajes donde se hubieran perpetrado hechos de violencia institucional, una señalización que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio a los hechos que allí sucedieron.
¿Por qué el 8 de mayo?
En la madrugada del 8 de mayo de 1987, efectivos policiales de la Comisaría de Ingeniero Budge acribillaron a tres jóvenes que se encontraban conversando en una esquina. El hecho conmocionó a la comunidad y puso en el centro del debate político de la época, la conducta deliberada de las fuerzas de seguridad de "Gatillo fácil". El aberrante suceso generó una fuerte resistencia social que visibilizó otros hechos de la misma naturaleza. Esta fuerte demanda social motivó que el Congreso Nacional sancionara por unanimidad la Ley Nº 26.811/13.
Nuestro posicionamiento
Desde SUTEBA y CTA asumimos el compromiso de recordar cada año el 8 de mayo como Día Nacional contra la Violencia Institucional y debatir el sentido de esta fecha en nuestras Escuelas.
Vemos cotidianamente cómo la violencia institucional (violencia estatal) se expresa en acciones relacionadas: hostigamiento, represión, arrestos, intimidación, persecución, violencia contra lxs jóvenes, Trabajadorxs, actividades gremiales y dirigentes sindicales por parte de la policía, gendarmería y otras fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, vulnerando Derechos Humanos fundamentales. Estos hechos no constituyen un error ni un exceso, son una política de Estado consecuente con el disciplinamiento de lxs Trabajadorxs y de las organizaciones en un contexto de ajuste salvaje, de precarización laboral y de erradicación de políticas inclusivas.
Estas sistemáticas violaciones de nuestros derechos, ejecutadas por las fuerzas denominadas "de seguridad" del Estado, que en el marco de un sistema democrático debieran ser quienes garanticen el estado de derecho, fueron y son denunciadas por SUTEBA y CTA ante la Justicia, en cada territorio de nuestra Provincia, y ante ámbitos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH (CIDH).
Esta oleada de violencia institucional, avalada por el discurso y por actos oficiales de "reconocimiento" al uso indiscriminado y brutal de la violencia ("Caso Chocobar"), ya asesinó y continúa cobrándose vidas entre lxs jóvenes de los sectores más vulnerados y vulnerables de nuestra población.
Vale recordar algunos nombres que dan cuenta de estas flagrantes violaciones a los DDHH:
Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Facundo Ferreira.
Algunos casos de gatillo fácil
2017
- El 12 de diciembre, Juan Pablo Kukoc de 18 años muere en el Hospital Argerich, por el disparo por la espalda del policía Chocobar.
2018
– El 7 de febrero, un efectivo del grupo Halcón asesinó por la espalda al joven de 17 años Fabián Enrique, porque supuestamente había intentado robarle el celular. El policía estuvo prófugo por 24 horas, hasta que se presentó en la Comisaría 3° de Quilmes y dio su versión de los hechos. La UFI 4 de Quilmes caratuló el hecho como homicidio y se desafectó al policía de su cargo.
- El 8 de marzo, Neuquén: a Facundo Agüero lo acusaron de robar un perfume, lo persiguieron y golpearon hasta dejarlo inconsciente. Pero en su billetera estaba el ticket de la perfumería.
- El 11 de marzo, Tucumán: Facundo Ferreira de 12 años fue asesinado por un tiro en la nuca por la policía.
- El 24 de abril, CABA: Matías Rodríguez fue asesinado por la espalda en el barrio de Flores, por un policía que se encontraba fuera de servicio. El adolescente, ex Alumno de la EMEM 3, fue baleado el miércoles a las 23 hs, en la esquina de Eva Perón y José Martí de CABA.
- 3 de septiembre, Chaco: Ismael Ramírez de 13 años fue asesinado por la policía.
- 22 de noviembre, Buenos Aires: Rodolfo (Ronald) Orellana, 36 años – Militante de la CTEP- asesinado por la policía bonaerense.
Y así un sin número de situaciones que costaron la vida de tantxs jóvenes, sin detallar los amedrentamientos que ocurren en las puertas de nuestras Escuelas y barrios.
Debemos seguir denunciando estas prácticas aberrantes para proteger a nuestras infancias y juventudes y para resguardarnos como sociedad; pero, fundamentalmente, debemos exigir al Gobierno Nacional y Provincial que promueva políticas de seguridad preventivas con participación de las comunidades, que se realicen las investigaciones correspondientes en cada caso del accionar abusivo de las fuerzas de seguridad y sean sancionadas rigurosamente estas prácticas violatorias de los DDHH.
