Los sueldos de los trabajadores son la principal variable de ajuste que proponen, intentando fijar una pauta salarial para el próximo año que no supere 17%, sin dar lugar a adicionales provenientes de las negociaciones paritarias. Queda claro que la intención es “cristalizar” la distribución del ingreso resultante de la devaluación de este año, sacrificando el salario real y el poder adquisitivo de la población en nombre de la “lucha contra la inflación”.
En lo específicamente referido al “gasto” público en educación, tal como en los años ´90, se vuelve al enfoque de las políticas “focalizadas” (en segmentos etáreos, estratos sociales o regiones geográficas), afirmando que “se priorizará la Educación Primaria y Secundaria”. La Educación Superior y el Nivel Inicial no están considerados dentro de los “Gastos Prioritarios”.
Lo que mejor muestra las contradicciones entre las promesas del gobierno y las realizaciones efectivas, es la sub-ejecución de las partidas presupuestarias durante el año 2016. Al 30 de septiembre, se usó apenas el 10,94 por ciento de los fondos previstos para el Programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica; el 19,16 por ciento de lo pautado para Infraestructura y Equipamiento; el 31,35 por ciento en Acciones Compensatorias y el 30,94 por ciento en Formación Docente.
A esto se suma el desmantelamiento de equipos técnicos, despidos masivos y cierre de importantes planes y programas que se encontraban en ejecución, como por ejemplo, el Plan de Finalización de Estudios Secundarios FINES), el Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) o el Programa Conectar Igualdad. El programa Nacional de Formación Permanente y en Ejercicio es otro de los más perjudicados con altos niveles de subejecución, desvirtuándose, además, los acuerdos paritarios específicamente establecidos sobre este programa.
Asimismo, se observa discontinuidad en la ejecución de las obras de infraestructura escolar y de la compra de millones de libros para su distribución gratuita en todas las escuelas del país. En este mismo sentido, vale destacar la interrupción del programa presupuestario “Acciones Compensatorias en Educación” que tenía a su cargo el otorgamiento de becas para estudiantes de pueblos originarios, judicializados y enmarcados en Leyes Especiales (como hijos de ex combatientes de Malvinas, entre otros) y el apoyo a escuelas albergue, escuelas de educación especial y en situaciones de vulnerabilidad; la asistencia a centros de actividades infantiles (CAI) y centros de actividades juveniles (CAJ) y el fomento de programas de extensión escolar, turismo educativo, campamentos, colonias de vacaciones, orquestas y coros infanto-juveniles, entre otros.
También se observa en el proyecto de ley una reducción de 13.039 cargos de planta permanente respecto al total autorizado por la Ley de Presupuesto del 2016.
En otro orden de cosas, el actual proyecto excluye el apartado que permitía conocer el grado de cumplimiento de las metas establecidas en la Ley de Educación Nacional y Ley de Financiamiento Educativo. Cabe recordar que desde el año 2007 en adelante, el mensaje del Proyecto de Ley Presupuestaria incluía un informe detallado sobre el nivel de gasto en Educación, Ciencia y Técnica (diferenciando el gasto de las partidas en “Cultura”). Llamativamente esto ahora fue excluido, por lo cual desconoceremos el nivel de cumplimiento anual de las metas financieras establecidas en la Ley de Educación Nacional referidas a garantizar la inversión educativa del 6% del PBI.
Una de las preocupaciones que hoy tenemos es que las autoridades actuales a la hora de fundamentar el presupuesto incurren en fuertes contradicciones con todo el discurso acerca de la “pesada herencia” que el mismo oficialismo ha tratado de instalar desde que llegó al gobierno, y que se manifiesta a través de las sistemáticas expresiones de todos sus funcionarios de diverso rango y dependencia. Al respecto, fue el mismísimo Ministro de Hacienda, quien ha tenido que reconocer, entre otras cosas, el bajo nivel de endeudamiento externo de la Argentina y el alto valor del salario real que ubicaba a nuestro país en los primeros puestos de la región. Sin embargo, ambos “reconocimientos” (bajo endeudamiento y buenos salarios relativos), son esgrimidos con la intención de justificar las políticas de endeudamiento externo que este gobierno ya ha iniciado y que pretende ampliar, como así también la necesidad de bajar el “costo salarial” como condición para “atraer” inversionistas.
El Ministro también tuvo que admitir que durante el año 2015 la economía creció el 2,4% y, a la vez, reconocer que en lo que va del 2016 la misma economía cayó en términos reales 1,5%. Hoy no hay ningún indicador que muestre que la caída de la economía vaya a frenarse. Sin embargo, Prat Gay insiste “intuitivamente” en su pronóstico optimista y anticipa que para el año 2017 se registrará un crecimiento del 3,5%.
Hasta ahora ninguna de las predicciones del actual Ministro se cumplieron en lo que va de su gestión. Por recordar algunos pronósticos: dijo que “la inflación sería del 25%”, pero a fin de año llegará al 45% a nivel general y al 52% para los sectores populares; también afirmó que “no hubo pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores”, pero la diferencia entre inflación y aumentos salariales en 2016 da valores negativos que van entre el 8 y el 15% según el sector; tampoco podemos dejar de recordar que al principio del mandato y en el marco de las promesas de “Cambiemos” se había afirmado que “si el dólar llegaba a 15 pesos era porque no se habían hecho bien las cosas”.
Es decir, que no son demasiados los antecedentes que tiene Prat Gay en “acertar” con sus pronósticos, por lo que nos vemos obligados a pensar que ese 3,5% de crecimiento presupuestado para el 2017 es casi una quimera o una simple expresión de deseo, más que una firme posibilidad. Y aun cuando el Ministro acertara por única vez con su pronóstico, seguramente ese crecimiento no redundaría en beneficios para los sectores populares. Todo lo contrario, porque lo que refleja el presupuesto de “Cambiemos” es la profundización del ajuste, especialmente en educación, salud y en lo que el poder hegemónico llama “el gasto social”.
MIGUEL DUHALDE - Secretario de Educación CTERA
SONIA ALESSO - Secretaria General CTERA
