El 30 de Abril, Facundo Astudillo Castro emprendió viaje “a dedo” desde Pedro Luro, ciudad donde vive junto a su madre, hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A solo 30 kilómetros, un retén policial lo detuvo, le labró un acta por romper la cuarentena, y según la versión policial, lo dejó seguir rumbo a Bahía Blanca, desde ese día, Facundo está desaparecido. El 4 de junio, a más de un mes de que saliera de su casa, su madre radicó la denuncia en la comisaria de Pedro Luro. Con anterioridad, los amigos intentaron denunciarlo antes sin ser escuchados por la Policía.
En un primer momento la desaparición de Facundo fue investigada por la fiscalía de Villarino como "averiguación de paradero". Todos los testimonios y versiones de la causa fueron incorporadas por el personal policial de Pedro Luro y, según el abogado de la familia de Facundo estuvieron plagadas de irregularidades, contradicciones y posteriormente se comprobaron, amenazas a testigos. Con el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, la familia presentó una denuncia por "desaparición forzada" ante el Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca, exigiendo que la causa se caratule de esta manera, y se incorporaron declaraciones de tres testigos que dijeron haber visto al personal policial subir a Facundo a un patrullero policial: Solicitaron fundamentalmente que se aparte de la investigación al personal de la Policía Bonaerense.
Las maniobras de encubrimiento por parte de la policía local comenzaron a desarticularse, según la familia de Facundo, con las declaraciones de tres testigos, que sostuvieron haber visto a la Policía subir a Facundo a un patrullero a tres kilómetros del lugar que indicaron como punto de retén aquel 30 de abril. Los tres se habían presentado para declarar, pero nunca fueron convocados por la Policía.
El Presidente de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Bs.As, se comunicaron y pusieron a disposición de la familia de Facundo garantizándoles actuar con toda la fuerza de la ley; asimismo los Organismos de DDHH se comunicaron y reunieron virtualmente con la madre del joven e hicieron el pedido de apartamiento del fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado por los abogados de la familia por entender que “es responsable de maniobras para entorpecer la investigación y encubrir a los responsables”, informaron en un comunicado en el que expresaron además que han impugnado en más de una oportunidad a Santiago Ulpiano Martínez por entorpecer el avance de las causas de lesa humanidad con el objeto de lograr la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado.
BASTA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL!!!
La violencia institucional refiere a todo abuso de poder, físico o psicológico, que ejerce el Estado en cualquiera de sus niveles y dependencias, sobre personas u organizaciones de la sociedad civil. Una de las formas en las que este tipo de violencia se manifiesta es a través de las fuerzas de seguridad que concentran el poder punitivo del Estado. Así como la violencia policial tiene su expresión más brutal en el gatillo fácil, existen otras prácticas de abuso como hostigamientos, persecuciones, amenazas y amedrentamientos, operativos compulsivos, requisas, detenciones arbitrarias en la vía pública, intervenciones que implican el uso de la fuerza, ya sea en manifestaciones, en los armados de causas que desde el ejercicio del poder convierten ese modo de intervención en un mecanismo de intimidación y control, que vulneran Derechos Humanos fundamentales.
Dejamos atrás cuatro años de gobiernos neoliberales en las que estas prácticas ilegales fueron avaladas, justificadas y hasta premiadas por los gobiernos de Macri y Vidal bajo el paraguas de la denominada doctrina Chocobar. Hoy claramente el posicionamiento e intervención del Estado es diametralmente opuesta, sin embargo estas prácticas enquistadas en sectores de las fuerzas de seguridad continúan desplegándose siempre sobre los sectores más vulnerados y nuestrxs jóvenes, como lo han hecho con Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira entre otros, y Lucas Verón asesinado por agentes de la Policía bonaerense hace muy pocos días en el partido de La Matanza, el día que cumplía sus 18 años. La Comisión por la Memoria, querellante en la causa Astudillo Castro en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura informa que en el mes de junio la policía bonaerense produjo 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres.
De esta manera personal de la fuerza viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel en tiempos de pandemia. Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso. Es urgente además apartar a aquellos agentes sospechados e implicados en estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar. Lxs jóvenes a lxs que hace referencia la Comisión por la Memoria y Facundo Astudillo Castro, fueron y son víctimas de la Violencia Institucional desplegada desde las fuerzas de seguridad y no debemos permitirlo. El Estado presente debe actuar con toda la fuerza de las leyes ante hechos aberrantes que no pueden ni deben quedar impunes. El destino de nuestros jóvenes no puede ser su desaparición o la muerte por una bala policial. Su vida y sus destinos deben estar signados por el pleno ejercicio de sus derechos.
Desde SUTEBA y CTA planteamos históricamente que “HAY QUE PROTEGER LO QUE CRECE” que es cuidar a nuestrxs pibxs. Por ello exigimos y trabajamos permanentemente para que el derecho a la Educación, a la Salud, a la Recreación, a Condiciones Dignas de Vida sea una realidad para todxs lxs niñxs, jóvenes y adolescentes. Cuidar a nuestrxs pibxs es que se desplieguen políticas públicas Integrales que promuevan y protejan sus derechos. Cuidar a nuestrxs pibxs es saberlos al resguardo de sus familias, aprendiendo en las escuelas, disfrutando del juego con sus amigxs. Cuidar a nuestrxs pibes es saberlos felices, disfrutando sus vidas y asegurándoles soñar los futuros que ellxs proyecten y construyan.
POR ELLO A TRES MESES DE SU DESAPARICIÓN NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO ¿DÓNDE ESTÁ FACUNDO CASTRO? Es urgente que desde todas las instancias Estatales se garantice el avance en la investigación con celeridad Y transparencia para el esclarecimiento de qué pasó con Facundo así como la identificación, enjuiciamiento y castigo a los responsables de su desaparición forzada.
SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS Y COMUNICACIONES
SUTEBA ALTE. BROWN
