En 1884, bajo la presidencia de Julio A. Roca se promulgó la Ley Nº 1.420 de Educación común, gratuita y obligatoria. La Ley de Educación Común Nº 1.420 fue la piedra basal del Sistema Educativo nacional. Se aprobó el 8 de julio de 1884, después de fuertes debates en el Congreso Nacional y en la prensa.
La discusión acerca de la Ley de la Educación fue uno de los debates más intensos y de largo alcance en la historia Argentina. Distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la Escuela mixta y al control del Estado (y de la Nación) sobre la Educación dividieron a la generación del ochenta.
Las divergencias fundamentales se centraron en la identificación común de la necesidad de una Ley de Educación, la gratuidad y obligatoriedad de la Escuela. Uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares. Existían opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado.
En ese marco, la religión en las Escuelas fue el nudo del debate. Finalmente, la Ley aprobada no hizo mención al carácter laico de la Educación pero la instrucción religiosa quedó en calidad de optativa, con autorización de la familia y dictada fuera del horario escolar.
La Ley aprobada estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la Escuela Pública al alcance de todos los niños y niñas, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por Ley.
Por último, las familias estaban obligadas a dar Educación a sus hijos, y la formación de Maestros, el financiamiento de las Escuelas Públicas y el control de la Educación, Privada o Pública, quedó en manos del Estado. No obstante, la sociedad tenía a través de los llamados distritos escolares en los que participaban padres de familia (elegidos por el Consejo Nacional de Educación), la facultad de inspeccionar la calidad, la higiene y el cumplimiento de las leyes en las Escuelas.
Desde el SUTEBA celebramos que en nuestro país exista hace tanto tiempo esta Ley, pero entendemos que nuestro trabajo y rol histórico nos obliga a seguir avanzando en busca de una mejora en la calidad educativa.