Desde CTERA consideramos que la evaluación educativa necesariamente tiene que ser planificada y definida en el marco de un proyecto educativo que, fundamentalmente, proponga un horizonte de soberanía pedagógica y no se someta a los modelos de privatización y mercantilización de la educación que hoy intentan imponerse a escala global.
Por ello, es auspicioso contar hoy con un Plan Nacional de Evaluación del sistema educativo que supere aquellos dispositivos reduccionistas y estandarizados que se quedan en la mirada corta de la medición del "rendimiento de lxs Alumnxs" o del desempeño de lxs docentes, y que se basan en la ideología de la "rendición de cuentas". Por el contrario, es muy necesario pensar en una evaluación integral, formativa, procesual, participativa y no punitiva, tal como desde nuestra Organización Sindical ya lo habíamos refrendado en la Paritaria Nacional Docente del año 2013 en la que se aprobaba un Programa de Formación Permanente con esa misma concepción de evaluación.
En todos los tiempos, pero más aún en el actual contexto signado por las graves consecuencias de la pandemia que asola a nuestros pueblos, se torna necesario contar con un plan de evaluación que permita sistematizar toda la información y construir evidencia científica sobre la situación educativa en toda su complejidad. Por lo que es muy importante crear, recrear y articular diversos dispositivos y procesos que puedan dar cuenta del estado de situación de las distintas dimensiones del campo educativo de manera integral, plural y complementaria, tal como los contempla este Plan, ampliamente discutido en el seno del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, del que la CTERA forma parte constitutiva.
En estos tiempos, es totalmente necesario conocer cuáles y cómo han sido las condiciones para sostener los procesos de enseñanza y de aprendizaje durante la pandemia; qué se estableció como contenido prioritario y qué se pudo enseñar y aprender en las condiciones existentes; qué transformaciones sustanciales y qué alteraciones se produjeron en el funcionamiento institucional y en los puestos de trabajo decente; con qué condiciones económicas, sociales y tecnológicas han contado las familias para acompañar a sus hijxs estudiantes; y en esas situaciones, cómo se vieron impactadas las trayectorias escolares de lxs estudiantes de los diferentes niveles y modalidades; en qué ítems del presupuesto y en qué porcentaje se destinaron los recursos del Estado para el campo educativo. Estas son algunas de las principales variables sobre las que debería dar información un plan de evaluación entendido como la base para la toma de decisiones de políticas educativas; y no quedar limitadxs a un simple resultado de una prueba estandarizada para definir el futuro de un Proyecto Educativo Nacional.
Por este mismo motivo, desde la CTERA volvemos a manifestar nuestro histórico rechazo a las Pruebas PISA, ya que consideramos que las mismas son de total inutilidad al momento de construir un sistema nacional de evaluación integral y formativo, y que además contribuyen con el modelo global de mercantilización y privatización de los sistemas educativos mundiales. En el mismo sentido, reiteramos nuestra crítica a los operativos "Aprender" tal como fueron aplicados durante la gestión del gobierno anterior ya que los mismos no solo carecían de validez metodológica y pedagógica (cambios en la periodización, exclusión de preguntas cualitativas y de respuestas abiertas, etc.), sino que además se montaron sobre la imposición antidemocrática y la exclusión de la docencia en todo el proceso de construcción y aplicación de los dispositivos.
Por todo lo planteado, consideramos que estamos frente a una gran oportunidad para construir democráticamente un Plan Nacional de Evaluación que recupere los lineamientos expresados en la LEN26.206, en las Resoluciones del CFE 99/2010 y 116/2010, y en las paritarias docentes sobre el tema, y que vuelva a instalar el debate sobre lo que entendemos por "educación de calidad", yendo más allá de la medición reduccionista que se da a través de las pruebas estandarizadas.
Desde la concepción de la educación como derecho, donde el Estado se asume como responsable de que se efectivice este derecho, una prueba estandarizada que homologa y espera que todxs tengan los mismos estándares de aprendizajes no podrá nunca evaluar la "calidad" de un sistema educativo. Para lograr una visión integral sobre el sistema educativo se deben analizar todas sus dimensiones, y con información que provenga de distintas fuentes, además de las evaluaciones de aprendizajes.
Es necesario, por tanto, contar un Plan Nacional que tenga a la docencia como protagonista y productora de conocimientos y no como simples objetos de estudios de pruebas tecnocráticas que arman otros desde la lógica empresarial-mercantilista de la Educación.
Hoy se ha logrado contar con una Resolución del CFE que aprueba este Plan Nacional de Evaluación que se constituye en un marco regulador, abriendo la posibilidad de construir otros modos de evaluación que van en consonancia con el principio fundamental de la Educación como derecho; igualmente, desde nuestra organización gremial, seguiremos trabajando duramente para que en la práctica se respete y concrete la idea de la evaluación como un proceso integral, participativo, no punitivo y formativo.