El Gobierno Nacional anunció en conferencia de prensa las medidas aprobadas a través del Decreto Nº 632/18.
Este Decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, acompañada por las del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, del Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y del Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
En el texto del Decreto, bajo el nombre de "Administración Pública más eficiente y eficaz", lo que se esconde es nuevamente un ajuste brutal.
El Presidente y los firmantes del Decreto, están convencidos de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión para actuar exclusivamente como disciplinador social.
El Decreto 632/18 no hace más que confirmar que el proyecto de Cambiemos es la desaparición del Estado de Bienestar y de los programas que actúan como red social. Este proyecto incluye, además, la desfinanciación de las empresas públicas que resguardan recursos estratégicos y fomentan el desarrollo nacional, abriendo con su debilitamiento una enorme oportunidad para los negocios privados.
Entre las medidas dictadas, se prohíben nuevas designaciones o contrataciones de personal.
Con la prohibición de nuevos contratos de Asistencia Técnica y la rescisión de los existentes al 31 de diciembre de 2018, se deslegitima la relación con las Universidades Públicas, las que realizaron y realizan aportes sustantivos en la implementación de programas sociales, entre otras tareas que, no caben dudas, pasarán a ser realizadas por las consultoras que ya pueblan los pasillos y oficinas del Estado Nacional.
La norma prevé la revisión de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales para determinar si son procedentes, así como la prohibición de otorgar nuevos adicionales, suplementos o bonificaciones hasta diciembre de 2019.
Asimismo, la revisión de las estructuras orgánicas y planteles de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado parte del mismo concepto: el Estado es ineficiente y tiene gente de sobra.
Del mismo modo, la invitación a provincias y municipios a adherir a la norma genera un efecto devastador sobre nuestra cultura estatal: la "eficiencia y eficacia", en el caso de los Estados, supone su reducción. La naturalización de este concepto genera el clima necesario para la pérdida de miles de puestos de trabajo y la reducción drástica de la cobertura territorial de los programas y servicios públicos.
Con respecto al Incentivo Docente que paga Nación, como así también el Fondo Compensador, no se hace ninguna mención explícita, si bien entendemos desde CTERA que deja la puerta abierta para futuros ajustes.
El Incentivo Docente es fruto de la lucha histórica de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación y lo seguiremos defendiendo como un Derecho de todos los Docentes argentinos.
Desde CTERA declaramos el estado de alerta ante cualquier intento de ajustar el presupuesto educativo y llamamos a movilizar para impedir este ajuste.
Sonia Alesso
Secretaria General
CTERA
El Presidente y los firmantes del Decreto, están convencidos de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión para actuar exclusivamente como disciplinador social.
El Decreto 632/18 no hace más que confirmar que el proyecto de Cambiemos es la desaparición del Estado de Bienestar y de los programas que actúan como red social. Este proyecto incluye, además, la desfinanciación de las empresas públicas que resguardan recursos estratégicos y fomentan el desarrollo nacional, abriendo con su debilitamiento una enorme oportunidad para los negocios privados.
Entre las medidas dictadas, se prohíben nuevas designaciones o contrataciones de personal.
Con la prohibición de nuevos contratos de Asistencia Técnica y la rescisión de los existentes al 31 de diciembre de 2018, se deslegitima la relación con las Universidades Públicas, las que realizaron y realizan aportes sustantivos en la implementación de programas sociales, entre otras tareas que, no caben dudas, pasarán a ser realizadas por las consultoras que ya pueblan los pasillos y oficinas del Estado Nacional.
La norma prevé la revisión de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales para determinar si son procedentes, así como la prohibición de otorgar nuevos adicionales, suplementos o bonificaciones hasta diciembre de 2019.
Asimismo, la revisión de las estructuras orgánicas y planteles de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado parte del mismo concepto: el Estado es ineficiente y tiene gente de sobra.
Del mismo modo, la invitación a provincias y municipios a adherir a la norma genera un efecto devastador sobre nuestra cultura estatal: la "eficiencia y eficacia", en el caso de los Estados, supone su reducción. La naturalización de este concepto genera el clima necesario para la pérdida de miles de puestos de trabajo y la reducción drástica de la cobertura territorial de los programas y servicios públicos.
Con respecto al Incentivo Docente que paga Nación, como así también el Fondo Compensador, no se hace ninguna mención explícita, si bien entendemos desde CTERA que deja la puerta abierta para futuros ajustes.
El Incentivo Docente es fruto de la lucha histórica de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación y lo seguiremos defendiendo como un Derecho de todos los Docentes argentinos.
Desde CTERA declaramos el estado de alerta ante cualquier intento de ajustar el presupuesto educativo y llamamos a movilizar para impedir este ajuste.
Sonia Alesso
Secretaria General
CTERA
