Esta determinación por parte de la DGCyE es a todas luces ilegítima y arbitraria. En primer lugar implica una errónea aplicación de la normativa vigente, ya que desconoce el Artículo 18 del Estatuto del Docente, el que garantiza poder retirarnos con los requisitos jubilatorios máximos. Atenta directamente contra el patrimonio inalienable de lxs trabajadorxs, por cuanto, se generan los siguientes perjuicios:
- Se dispondría el cese sin notificación alguna, ya que, ningún docente afectado ha sido notificado de su situación. Es decir, el actuar de la administración queda fuera de la esfera de conocimiento del docente, en tanto, como trabajador dependiente, debe ser notificado e informado del cese y sus consecuencias, a fin de habilitar su derecho a cuestionarlo, AQUÍ SE PRODUCE LA PRIMERA ARBITRARIEDAD.
- La adhesión compulsiva al régimen de la Ley 12.950 genera un perjuicio económico en tanto disminuye de manera letal el salario docente en un cuarenta por ciento (40 %), es decir, pasan a cobran el sesenta por ciento (60 %) de la remuneración de manera fija y permanente a lo largo del tiempo, sin incremento salarial de ninguna especie.
- Se pretendería encubrir la desidia y desprolijidad de la Administración, la que tarda años en otorgar el Código Jubilatorio y con ello se condena a la pobreza a quienes se suscriban al trámite en estas condiciones.
- Si la DGCyE pretende jubilar de oficio, DEBE otorgar de manera simultánea y al mismo momento del cese, el respectivo Código Jubilatorio a todxs y cada unx de lxs Docentes a lxs cuales cesa, de lo contrario su actuar se torna perverso e inadmisible.
- Lxs Docentes que no quieran adherir al régimen de la Ley 12.950 y lxs que no tomen debido, eficaz y cabal conocimiento, por notificación fehaciente de la decisión del Ministro, quedarían automáticamente sin sueldo. De esta manera la administración cometería el más perverso y dañino acto que se pueda realizar, circunstancia que necesariamente debe ser puesta en conocimiento de la sociedad en su conjunto.
- Todx aquel que cese en los términos aquí denunciados, queda automáticamente excluido de la Obra Social IOMA, advirtiendo que dentro del listado existen personas con enfermedades que las han obligado a acceder a cambio de funciones y otrxs que hacen uso necesario e imprescindible de la Obra Social, lo que configuraría otra conducta criminal como es el abandono de persona.
Por todo esto el SUTEBA exige SE DEJE SIN EFECTO LA APLICACIÓN DE LAS JUBILACIONES DE OFICIO y se garanticen los derechos inalienables de lxs trabajadorxs, asegurando a lxs mismxs la notificación fehaciente y percepción del total de sus haberes hasta la entrega del Código Jubilatorio firme y consentido.
¡De la misma manera que la DGCyE intentó en 2016 cesar de oficio a 1500 Docentes y la lucha de lxs Trabajadorxes de la Educación logró frenarlo, así vamos a defender cada intento de ajuste hacia lxs Trabajadorxs y nuestrxs Jubiladxs por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires!
